La existencia de un escuadrón de la muerte al interior de la Policía Nacional muestra el grado de descomposición al que ha llegado la institución clave para combatir el delito. Otra herencia nefasta del gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia con la que tendrá que lidiar el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Según las investigaciones de la fiscalía y la Inspectoría de la Policía, difundidas por varios medios de comunicación, un grupo de policías, encabezados por el comandante Enrique Prado Ravines, inducía a delincuentes de poca monta a planear delitos y luego impedía que los perpetraran asesinándolos a todos. Para aparentar un enfrentamiento, les sembraban armas y decían que se había producido una balacera.
Los policías –según los reportajes de Doris Aguirre y Ricardo Uceda en “La República”, Cecilia Valenzuela en Willax TV y El Comercio, Anuska Buenaluque en “Cuarto poder” de América TV, y otros–, se apropiaban de ingentes fondos de inteligencia y operaciones y obtenían ascensos por “acción distinguida” y condecoraciones. Prado Ravines empezó como capitán en el gobierno de Humala y ya es comandante.
En suma, este grupo no se dedicaba a perseguir a peligrosos y sanguinarios delincuentes, a cabecillas del crimen organizado, a desalmados sicarios, sino a ladrones ocasionales a los que ellos mismos estimulaban para que realicen determinadas acciones, para luego asesinarlos a sangre fría sin que mediara enfrentamiento alguno.
Naturalmente, uno de los que presentó con bombos y platillos los “logros” del escuadrón de la muerte fue el exhibicionista Daniel Urresti –el mismo que expuso aparatosamente cientos de kilos de yeso como si fueran cocaína–, presentando uno de esos casos como muestra de la eficiencia de su gestión. Precisamente, es el incidente de Chincha, ocurrido el 20 de setiembre del 2014, el que gracias a la investigación fiscal ha demostrado que los presuntos delincuentes fueron asesinados a sangre fría, estando rendidos, echados en el suelo, sin haber disparado un solo tiro, según las pruebas de absorción atómica y las pericias balísticas forenses.
Eso está corroborado por el supuesto secuestrado, Josué Candiote, al que los propios policías amarraron después de matar a esas personas para preparar la escena: “Un policía uniformado me ató las manos con un cintillo y me dijo que era por mi seguridad” (!). (Doris Aguirre, 4-8-16).
Esta modalidad delictiva del grupo de policías se prolongó a lo largo de más de cuatro años, lapso en el que pasaron cinco ministros por el despacho del Interior. Como bien apunta Uceda, refiriéndose a José Luis Pérez Guadalupe, “es incomprensible que un ministro del Interior no hubiera estado informado” (2-8-16). Esto vale para otros también.
La hipótesis de Cecilia Valenzuela es plausible: “Nadie puede creer que un oficial de mando medio [Prado Ravines] pueda operar ilegalmente con tanta impunidad y durante tantos años sin la protección de su comando y la anuencia de sus jefes.” (4-8-16).Ella apunta al ex viceministro de Interior y Defensa Iván Vega y “su inseparable general”, Vicente Álvarez. Vega era el hombre de Nadine Heredia en esos ministerios.
Alguna gente ingenua y despistada cree que escuadrones como el de Prado Ravines son la solución. No se hacen preguntas elementales. ¿Mejoró o empeoró la seguridad en los últimos años cuando actuaba este grupo? ¿Alguien cree que policías corruptos, que son capaces de asesinar a personas rendidas para ganar dinero y ascensos, pueden ser eficaces en lucha contra la delincuencia? ¿Acaso toda la experiencia de América Latina no muestra que esos grupos acaban vendiéndose a bandas de crimen organizado para acabar con sus competidores generando una espiral de violencia incontenible?
La inseguridad ha aumentado no por culpa de los delincuentes, como neciamente dijo uno de los indescriptibles ministros del Interior de Humala, sino por la ineficiencia y corrupción de las instituciones encargadas de combatir el delito, cuya incompetencia ha permitido el desborde de la criminalidad.
Del gobierno dependen directamente la policía y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Al frente de los dos ministerios, Interior y Justicia, hay personas honestas y capaces. Si tienen el respaldo del presidente y el Congreso, podrán hacer lo necesario para realizar los cambios indispensables. Y todos los peruanos nos beneficiaremos con la disminución de la inseguridad.