Rápida expulsión de extranjeros en situación irregular o vinculados a delitos: todo sobre los nuevos cambios en la política de control migratorio | INFORME

El Ejecutivo promulgó ayer el Decreto Legislativo N.º 1582 que modifica artículos de la Ley de Migraciones. De esta forma, implementa un procedimiento administrativo sancionador especial (PASEE) para expulsar del país en 48 horas a los extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular o estén vinculados a actividades delictivas. La medida se da cuatro días después del fin del plazo para que los migrantes soliciten el carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) para la regularización de su situación en el Perú, el pasado 10 de noviembre.

El decreto permitirá a la Policía Nacional retener por 12 horas a extranjeros intervenidos para averiguar su identidad, determinar su situación migratoria en el país y realizar las diligencias preliminares de investigación.

Si su situación migratoria es irregular, “por ingresar al país sin realizar el control migratorio” o por “realizar actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana”, la Policía enviará un informe a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que sean sometidos al PASEE.

En esta instancia, y en una sola audiencia, Migraciones tendrá 24 horas para determinar la expulsión del extranjero del país, o en su defecto, su impedimento de ingreso. Esta resolución inmediatamente se derivará a la División de Extranjería de la Policía Nacional para realizar la expulsión del migrante.

Así también, de acuerdo con el magistrado Guillermo Huamán, presidente del Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional, los extranjeros que cometen un delito en el Perú no son expulsados inmediatamente, pues primero deben ser investigados, procesados y enjuiciados en esta jurisdicción por principios de autonomía y territorialidad.

Huamán precisó que su expulsión se realizará al cumplir su sentencia o si se le concede la libertad condicional por beneficio penitenciario.

Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, considera oportuno que la Policía cuente con un plazo de doce horas para realizar el control de identidad y la verificación de la situación migratoria de los extranjeros intervenidos, debido a que muchos no cuentan con un domicilio fijo en el país. En ese sentido, no considera que esta facultad sea xenófoba.

Por otro lado, este decreto legislativo indica que Migraciones puede sancionar a las empresas de transporte interprovincial que trasladen a personas extranjeras irregulares. Esta potestad también alcanza a los operadores de transportes marítimos, fluviales o lacustres internacionales, que deben enviar a la Superintendencia la información del registro y control de tripulantes antes de las 48 horas de su arribo o zarpe al territorio nacional.

Además, el decreto legislativo permite a Migraciones fiscalizar los servicios de hospedaje, que están obligados a facilitar las acciones de verificación migratoria. De no hacerlo serán sujetas a sanciones.

Migraciones informó que 214.633 extranjeros solicitaron el CPP hasta el 10 de noviembre. De ellos, 202.398 son venezolanos y representan el 94% de la cifra total de solicitudes. Al respecto, Óscar Pérez, presidente de la organización sin fines de lucro Unión Venezolana en Perú, declaró previamente a El Comercio que muchos de sus compatriotas no tramitaron el CPP por ser “solicitantes de refugio”, una condición que los exime de una expulsión del país.

Por ejemplo, acorde con estimaciones a las que accedió El Comercio, aproximadamente 200 mil venezolanos que han solicitado a la Ministerio de Relaciones Exteriores la condición de refugio no habrían iniciado el trámite para obtener el CPP. Conforme a cifras de la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) de la Cancillería hasta junio de este año, existen en total 539.020 migrantes solicitantes de refugio.

¿Quiénes son los migrantes refugiados y qué derechos tienen?

Las personas refugiadas son aquellas que salen de su país para huir de la guerra, violencia o persecución. Están protegidas por el derecho internacional y no pueden retornar a su país. Según Óscar Pérez, el Perú es el segundo país con mayor número de venezolanos refugiados en el mundo y el primero en solicitudes recibidas por venezolanos para obtener esta condición.

El artículo 5 de la Ley del Refugiado (27891) establece que “toda persona que invoque la condición de refugiado, puede ingresar a territorio nacional, no pudiendo ser reemplazada, devuelta, expulsada, extraditada o sujeta a medida alguna que pueda significar su retorno al país donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas”. Además, menciona que “el solicitante de refugio puede permanecer en el país hasta que se defina en última instancia su situación”.

Las solicitudes de refugio pueden realizarse en los puntos de control fronterizo o a través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, los solicitantes obtienen una autorización provisional de trabajo, que, según la Cancillería, se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de este año o mientras el caso no haya sido resuelto de manera definitiva.

Por su parte, los migrantes que obtienen la condición de refugiado acceden a la residencia en el Perú y se les otorga un carné de extranjería, ampliando su acceso a servicios, como abrir una cuenta bancaria en todos los bancos, obtener una licencia de conducir vigente por un plazo mayor o tramitar reconocimientos de títulos.

Por otro lado, fuentes de la Policía indicaron a este Diario que una gran cantidad de migrantes que ingresaron al país en calidad de solicitantes de refugio “han sido intervenidos por delitos comunes (robos y arrebatos) y crímenes”. En tal situación, el artículo 4 de la Ley del Refugiado indica que quienes han cometido delitos comunes, contra la paz, de guerra o contra la humanidad, pueden ser excluidos del reconocimiento como refugiados.

Este fue el caso de Wanda del Valle Bermúdez Viera, expareja del fallecido delincuente Christopher Fuentes alias ‘Maldito Cris’, a quien la Cancillería negó el estatus de refugiada el 12 de agosto de 2022.

Limitaciones para los solicitantes de refugio

Existen más de 539 mil solicitudes de refugio presentadas a las Cancillería desde el 2003. Sin embargo, de acuerdo a cifras de la CEPR hasta junio de este año, el Perú solo ha reconocido la condición de refugiado a 6.765 ciudadanos extranjeros. De este grupo, 4.902 son de nacionalidad venezolana.

Además, la emisión de carnés para los solicitantes de refugio fue suspendida debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de la Covid-19. Por ello, la Defensoría del Pueblo insta al Estado a reforzar los mecanismos que permitan “brindar una protección real y duradera a las personas refugiadas y solicitantes de refugio”.

Por su parte, Patricio Rubio, secretario ejecutivo de la CEPR, explicó que las personas extranjeras que cuenten con una solicitud de refugio pueden presentar la autorización provisional de trabajo para identificarse durante acciones de control migratorio de la Policía o Migraciones. El funcionario señaló que la Superintendencia habilitará un carnet virtual antes de fin de año para quienes soliciten el estatus de refugiados.

Rubio, además, mencionó que quienes postulan a esta condición tienen acceso garantizado a trabajo y educación. Las mujeres gestantes pueden acceder al SIS hasta el momento del parto, así como los infantes hasta los cinco años. “En el caso de los venezolanos con un estado de salud delicado o alta vulnerabilidad, como un paciente de cáncer de alto grado, Migraciones puede brindarles la calidad de refugiados para que obtengan el carnet de extranjería y, por lo tanto, accedan a mejores servicios de salud”, sostuvo.

Migraciones informó que, hasta la medianoche del pasado viernes 10, se registraron más de 214.633 solicitudes para que las personas extranjeras en situación irregular en el Perú puedan obtener el carné de Permiso Temporal de Permanencia.

Finalizado el plazo de inscripción —a las 11:59 p.m. del viernes— Migraciones ya había emitido 99 mil carnés, de los cuales 63 mil ya habían sido entregados. Otras 16 mil solicitudes se encontraban en evaluación, mientras que cerca de 80 mil extranjeros ya contaban con una cita para continuar con el proceso.

Según detalló Migraciones, 202.398 de los solicitantes son de nacionalidad venezolana, equivalente al 94,3%. Otro 2,4% corresponde a migrante colombianos, 0,9% a extranjeros cubanos y el 0,6% a ecuatorianos. El 1,8% restante corresponde a personas de otras nacionalidades.

La mayoría de los solicitantes son adultos entre los 18 y los 60 años (72,1%), mientras que los niños hasta los 10 años representan el 15,1%. El grupo de adolescentes, entre los once y 17 años de edad, suman el 10,5% de los procesos de solicitud. A menor escala, los adultos mayores de 60 años agrupan el 2,3%. La diferencia según sexo es mínima, siendo el 50,2% de solicitantes de sexo femenino.

En los últimos días, se ha observado un incremento en el número de migrantes, en su mayoría venezolanos, que abandonan el país voluntariamente a través del límite con Ecuador. El general PNP Javier Gonzales, jefe del Frente Policial Tumbes, informó que alrededor de 400 ciudadanos salen cada día a través de esta frontera.

Cargando con todas sus pertenencias, los ciudadanos extranjeros han llegado a Tumbes para cruzar el puente internacional, buscando retornar a Venezuela o llegar a otros países como Ecuador y Colombia

En el terminal de Aguas Verdes, la Policía ha establecido un puesto de control para revisar antecedentes mediante Interpol; aquellos ciudadanos que están libres de cargos son escoltados hasta el puente internacional. La policía ha reforzado los operativos de control migratorio especialmente durante las horas nocturnas y de madrugada, cuando se registra la mayoría de salidas de extranjeros.

Entretanto, los gobiernos de Ecuador y Colombia han sugerido a Perú que la expulsión de extranjeros al aplicar el PASEE sea por vía aérea directamente a su país de origen. Así lo aseguró el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, tras una reunión con el canciller ecuatoriano Gustavo Manrique y autoridades de migración de Perú y Colombia. Los funcionarios acordaron una nueva reunión para determinar protocolos y acciones a ejecutarse.