El 28 de julio del 2021 debe producirse indefectiblemente la alternancia en el poder. Tendremos, como corresponde, un nuevo presidente y un nuevo Congreso. ¿Pero cómo hacer para ofrecer garantías de calidad y seguridad en una elección en la que se movilizarán y participarán alrededor de 25 millones de personas? No hay evento que comprometa a tanta gente. Pero si, como todo indica, no existirá pronto una vacuna que combata al coronavirus, estamos delante de un escenario de cuidado permanente, siendo la clave la distancia social. Si eso no se garantiza, una elección vería su fracaso en un –ahora sí–, altísimo ausentismo, pues el elector preferiría pagar una multa a someterse a un evento de alto riesgo, por el contacto con mucha gente.
Para ello, a modo de propuesta de discusión, manteniendo invariablemente la fecha de cambio de mando, planteo lo siguiente:
(1) Realizar la segunda vuelta electoral el primer domingo de julio. El ganador se conocerá el día de la elección, por lo que se puede acortar el plazo de transferencia de mando.
(2) Realizar la primera vuelta presidencial el primer domingo de junio. Actualmente, el tiempo entre dos vueltas no está fijado en la ley, por lo que los plazos se extienden. En este caso, se requiere una modificación de la Constitución, a través de una disposición transitoria. La modificación de estas dos fechas permitirá ganar siete semanas, con lo que los otros plazos internos también se pueden modificar.
(3) De esta manera, la fecha de las elecciones internas también puede postergarse hasta el verano del 2021. Si la situación es aún delicada y no se permiten reuniones o eventos con mucho número de personas, las primarias deberían postergarse hasta las elecciones regionales y municipales del 2022, pero no modificar su diseño, como lamentablemente varias bancadas quieren aprovechar para hacer.
(4) Si se postergan las primarias, los partidos deben seleccionar a sus candidatos de la manera más participativa y segura. Eso se puede hacer a través del denominado voto electrónico no presencial (VENP), organizado por la ONPE, que ha probado su utilidad en procesos de gran magnitud, como con el Colegio Médico del Perú, en el que participaron alrededor de 50 mil miembros. Participarían al menos los 24 mil miembros de cada partido, listado que deben entregar en los próximos días al JNE. De esta manera, se garantizan participación, legitimidad, organización, seguridad y la plasmación del principio: un militante, un voto.
(5) Impulsar el voto postal para los peruanos residentes en el extranjero en aquellos países en donde el correo es confiable.
(6) Si bien la elección sería en junio, esperando que la pandemia se haya controlado, es necesario una distinta gestión del proceso para la seguridad pública. Para ello, se pueden extender las horas de votación, la participación de miembros de mesa por locales, asegurar que estos sean más amplios y con menos mesas, usar obligatoriamente las mascarillas y guantes de manera extendida, distribuir a los electores por horarios para evitar concentraciones, etc. Proceso que la ONPE debe estar habilitada para desarrollar sin limitaciones y con recursos.
(7) Tecnificar urgente e intensivamente los procesos previos, evitando más papeles y desplazamientos, sobre todo, de personas y expedientes que transmiten no solo decisiones administrativas y jurisdiccionales, sino también el virus.
(8) En el contexto del coronavirus, se minimizarán las campañas de contacto entre candidatos y electores, por lo que se debe incrementar la franja electoral u otra modalidad de acceso a los medios de comunicación de parte de candidatos y partidos. En tanto, se incrementarán, seguramente, las campañas digitales y por redes sociales.
(9) Lo anterior debe estar acompañado de las reformas políticas que no se deben de postergar: bicameralidad, eliminación del voto preferencial, completar la norma de supervisión de las finanzas de los partidos, paridad y alternancia.
(10) Pero lo último y no menos importante es que se puede salvar una elección, en términos de su realización, pero si no se aprovecha esta ocasión para mejorar las reglas de juego, la gestión de los procesos electorales y la forma en cómo se harán la política y su comunicación, habremos perdido una nueva oportunidad. No merecemos esto.
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