
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Hasta ahora, se ha visto a las economías ilegales desplegando una estrategia de miedo, atemorizando a la población con cobro de cupos a diferentes comercios, transportistas y hasta urbanizaciones. Quizá lo más gráfico sea recordar que acaban de destruir una sede de la fiscalía en Trujillo y derribado dos torres de alta tensión en Pataz, La Libertad (van 17 en total).
Desde el 2017, a escala nacional se han multiplicado por tres los asesinatos y solo hasta el 22 de enero ya teníamos 113,50 de los que se produjeron en la vía pública (Sinadef).
Es evidente que para atacar este flagelo se necesitan medidas dirigidas directamente contra las organizaciones criminales como cortar el flujo del dinero ilegal, atacar centros claves de la delincuencia como los penales, acabar con las leyes pro impunidad y desplegar todo esto en el marco de un sistema de inteligencia. Pero, aun cuando se lograran estas medidas, también se necesita otro paquete dirigido directamente a mejorar la calidad de vida de la población de las zonas más vulnerables, a través de la provisión de bienes y servicios básicos, sea a través del Estado o la inversión privada.
Está probado que las regiones donde hay menos acceso a servicios básicos y empleo tienen mayores índices de delincuencia. Esta se alimenta de la pobreza y las necesidades insatisfechas. Como dice Jaime Dupuy, “la desesperación y la falta de oportunidades empujan a muchos hacia actividades ilícitas, lo que crea un círculo vicioso que perpetúa la violencia”.
El riesgo de abordar el problema solo desde medidas dirigidas contra las organizaciones criminales es ceder al crimen organizado el espacio para que, proveyendo bienes y servicios, la población se ponga de su lado, percibiendo que esa es la alternativa más funcional frente a un sistema formal ausente.
Esta estrategia la puso en marcha el mismo Pablo Escobar, ofreciendo vivienda para los sin techo en un barrio denominado Medellín sin tugurios. De hecho, Escobar no solo proveyó viviendas a 443 familias, allí donde había necesidades insatisfechas y abandono estatal, sino que donó canchas de fútbol, medicinas, alimentos, creando la imagen de benefactor ante los sectores más marginados de Medellín. El resultado fue lograr reclutar a muchos jóvenes para el cártel atraídos por la protección y el dinero rápido.
Otro ejemplo de apoyo social, a partir de la provisión de bienes y servicios, se dio en Michoacán, México, donde el Estado abandonó el apoyo al campo en la primera década de este siglo, lo que generó espacio para que floreciera una base social del narcotráfico, quienes financian semillas, fertilizantes, agua y cosechas para la droga, inyectando un dinero que beneficia a las economías locales.
En diciembre pasado, la organización Los Pulpos organizó eventos navideños en el distrito El Porvenir de La Libertad, una región con muchas necesidades insatisfechas, donde se distribuyeron víveres, juguetes y bicicletas a niños, además de espectáculos infantiles. Es evidente que son actividades dirigidas a ganar apoyo social en la comunidad y reforzar el control territorial.
Desde luego, es crucial desplegar un sistema de inteligencia para luchar contra el crimen organizado, pero también es clave mejorar la presencia de servicios básicos y empleo pues, mientras más necesidades insatisfechas existan, más espacios dejaremos para que las organizaciones criminales ganen apoyo social. Y, si eso ocurre, combatir el crimen será aún más difícil de lograr en estos territorios.
La inseguridad será un tema central en la campaña política, pero me temo que sea solo abordada desde medidas dirigidas directamente a luchar contra las organizaciones criminales, pero se deje de lado la discusión sobre cómo mejorar la vida de la población de las zonas más vulnerables, a fin de cortar la construcción de apoyo social por parte de las economías ilegales.