En mi artículo anterior, para describir la semana previa, usé la película “La guerra de los Rose”, y lo cerré con la escena final, donde ambos estaban atrapados en una lámpara gigante que colgaba de un hilo desde un techo muy alto.
El hilo se rompió.
A diferencia de la película, en la que ambos mueren, en esta versión el señor Rose sale aparentemente ileso y la señora Rose parece agonizante.
Previsiblemente, la gran mayoría del país que odia por muy buenas razones al Congreso, festeja.
Pero la cosa no es tan simple. Cuando se toma una decisión tan trascendente no en base a la literalidad del texto, sino vía una interpretación (para unos totalmente coherente, pero para otros abusiva), hay aún muchos asuntos sin resolver en el camino.
El más importante, falta la palabra del Tribunal Constitucional que aún no dice cuál es “la verdad” (algo así como cuando el Papa habla ex cathedra). Entre tanto (o si nunca se pronuncia) estamos ante una lucha de poderes elegidos y fácticos. Estos últimos, cuya importancia emana de su poder en la sociedad.
En la primera semana, a los poderes elegidos les ha ido de manera muy diferente. El Ejecutivo ha logrado una imagen de razonable normalidad en la vida del país y que, reforzada por la juramentación de un nuevo Gabinete, transmite la idea de que hay alguien a cargo.
Al Congreso le ha ido pésimo. Las declaraciones de prensa de su presidente dan cuenta de una profunda desorientación. Peor aún, Mercedes Araoz jurando como presidenta y “des-jurando” al día siguiente. Ambos sucesos, sumados a las declaraciones de los congresistas más destemplados que sostienen que entramos a una dictadura chavista sin fin a la vista y que cambiará radicalmente el modelo económico.
Hay otro factor clave que viene demorado. Los ‘codinomes’ no han salido completos. Javier Velasquez Quesquén ha sido, hasta ahora, el único achicharrado. Por fuera del Congreso, impactante lo de Yehude Simon y lo de Lourdes Flores. ¡Cuánto cinismo, cuántas decepciones!
Demorados pero llegarán, ya que procurador y fiscalía coinciden ahora en respetar el acuerdo con Odebrecht, lo que hará muy difícil que el presidente lo vuelva a petardear.
Volviendo al Congreso, el súbito viaje de Víctor García Belaúnde y los dos intentos de fuga de Roberto Vieira (¿habrá otros, más discretos, pero más eficaces?) destrozan la poca imagen que quedaba del Congreso.
Del lado de los poderes fácticos, los primeros que se manifestaron fueron “la calle”, las FF.AA. y la PNP. La calle, helada para apoyar al Congreso y solo tibia a favor del Ejecutivo. Los segundos ejerciendo un poder deliberante que la Constitución no les otorga. Obedecer al presidente en funciones, pero sin pronunciamientos, habría sido más prudente.
Otro acto que importa mucho, la comunidad internacional, que al no expresar mayor preocupación por la disolución del Congreso ha avalado implícitamente al Ejecutivo.
Los otros poderes fácticos: los empresarios (por el Congreso), los sindicatos (por el Ejecutivo). La iglesia no se ha pronunciado, salvo la previsible opinión de monseñor Cipriani. Finalmente –y quizás el más influyente de todos los poderes fácticos– los medios de comunicación hacen críticas fuertes a ambos poderes.
Ahora bien, todo puede cambiar. Le toca al Tribunal Constitucional juzgar si Vizcarra respetó la Constitución y –relevante por la coyuntura– si Gonzalo Ortiz de Zevallos fue elegido constitucionalmente.
Me parece que nadie debe impedir ese pronunciamiento. En tanto, el Tribunal Constitucional debe fallar a velocidad de concorde. Cada día que demore, el país sufrirá más.
El no saber para qué lado lo hará y la existencia de riesgos, incluso penales, para el perdedor, debiera ser un poderoso incentivo para conversar.
Esa posibilidad la alimenta Pedro Olaechea, el férreo defensor del argumento de que el Congreso no está disuelto y que van hasta el 2021, pero que ahora se ha unido a la consigna de los sectores más radicales de la izquierda: “que se vayan todos” (asumo que entenderá que eso lo incluye). Él no podría ser garante de eventuales elecciones generales y gobernar hasta que estas lleguen.
Las razones son obvias.
Si hay negociaciones, debemos exigir transparencia; y que no exista ningún atisbo de que se está negociando impunidad. Asimismo, que se trate de garantizar toda la reforma política que sea posible, para evitar repetir el desastre actual.
Coda: Los actores sociales no están esperando y, al calor de la crisis política, buscan obtener dividendos. El caso más complicado, el del corredor minero del sur, que está bloqueado desde hace semanas y donde ya se han registrado incidentes violentos. A río revuelto...