Las cifras sobre seguridad presentadas en el mensaje presidencial tuvieron por objeto magnificar la labor gubernamental en lugar de dar cuenta con objetividad de la situación real que enfrentamos.
Lo mismo ocurrió con las cifras ofrecidas por el ministro del Interior al cumplir su primer mes de gestión. Como muestra un botón: en un solo mes la policía habría decomisado 55.997 kilogramos de droga, es decir, 56 toneladas, un poco menos que la decomisada en el 2011 y en el 2012 (63 toneladas). Ver más en “Perú 21”, del 9/8/14, páginas 2 y 3.
Las cifras, en realidad, no dan para triunfalismos. Las denuncias de delitos ante la policía pasaron de 506 por 100 mil habitantes en el 2007 a 879 en el 2013, un incremento del 74% en seis años. Las denuncias por faltas también crecieron, aunque en menor medida (15%), pasando de 701 el 2010 a 805 el 2013.
Probablemente este deterioro habría llevado al presidente a abstenerse de compartir con el país su diagnóstico de la situación delictiva. También explicaría por qué la policía dejó de publicar en su web los anuarios estadísticos del 2012 y del 2013, y por qué el Observatorio de la Criminalidad de la Fiscalía hizo lo propio con sus boletines. La falta de transparencia parece contagiosa, pues tampoco se ha dado a conocer el Segundo Censo Nacional de Comisarías 2013 del INEI.
Mientras el Gobierno no da a conocer los datos que le resultan inconvenientes, utiliza otros más alentadores. Es el caso de otra encuesta del INEI que muestra que los niveles de victimización vienen cayendo desde el 2011. Sin embargo, lo hace con cautela, pues la victimización sigue siendo muy elevada y su supuesto descenso va en sentido contrario a los registros policiales y fiscales de denuncias y al incremento en la percepción de inseguridad, que arroja la misma encuesta.
El Gobierno sabe que cambios en la metodología de la encuesta podrían explicar estos resultados, por lo menos en parte, porque las actuales cifras de victimización ya no incluyen los robos de vivienda ni los intentos de robo de vivienda, que si eran considerados cuando comenzó su aplicación en el 2011. Estos cambios y la forma cómo se presentan algunos de sus resultados despiertan suspicacias.
Más allá del aumento o la caída de la victimización, desde el 2006 estamos entre los países con mayor victimización y mayor percepción de inseguridad en el continente, según el Barómetro de las Américas. Revertir esta situación demanda una estrategia bien pensada, que se base en toda la información delictiva disponible, le gusten o no sus resultados a las autoridades de turno.
El afán de magnificar logros, no publicar información inconveniente y eventualmente adulterar resultados es una tentación extendida entre las autoridades, aquí y en cualquier parte del mundo. Lo que diferencia a los gobiernos serios de los que no lo son es su capacidad para dotarse de una institucionalidad que asegure la independencia y el profesionalismo en la producción y publicación de toda la información delictiva disponible.