Junio es el mes del orgullo LGBT. Como toda fecha o temporada conmemorativa, más que una ocasión para celebrar, se trata de un período de reflexión en el que evaluamos dónde estamos y adónde queremos ir. En países como el nuestro –conservadores hasta la médula– recordamos que aún existen grupos a los que la ley les impide decidir libremente con quién casarse. Asimismo, recordamos que en el Perú todavía se dan circunstancias en las que la sola práctica de una conducta distinta a la “normal” puede suponer desde un insulto (cuando menos) hasta la muerte (en el peor de los casos).
De hecho, según una encuesta de Ipsos publicada a mediados del año pasado y encargada por el Ministerio de Justicia, los peruanos perciben que las personas homosexuales, bisexuales y transexuales son las más discriminadas en el país. Una situación pavorosa si se toma en cuenta que, de acuerdo con el mismo sondeo, 8% de la población se identifica con una orientación sexual distinta a la heterosexual.
Pero más allá de las cifras y la larga lista de pendientes, este mes del orgullo trae consigo una dosis extra de pesar: el domingo tendremos que elegir entre dos candidatos opuestos a los derechos LGBT.
Los antecedentes de Keiko Fujimori alrededor de esta materia son conocidos. En el 2016, además de firmar un compromiso con grupos evangélicos (donde afirmó rechazar “la unión civil conformada por personas del mismo sexo” y “el matrimonio homosexual”), llevó al Congreso una bancada que emprendió una lucha feroz (y plagada de mentiras) contra el enfoque de género en el currículo nacional. Hoy, empero, cuenta con Carlos Bruce –promotor de la unión civil– en sus filas, pero entre esta incorporación y un verdadero cambio de actitud hay un gran salto que la aspirante a presidenta no ha dado señales de querer dar.
Las cosas empeoran con el señor Pedro Castillo. En primer lugar, ha dejado claro que el enfoque de género no es un asunto que le interese. Asimismo, se ha expresado en contra de las uniones entre personas del mismo sexo (dijo que eran “peor” que la eutanasia) y registra declaraciones abiertamente transfóbicas. Por si eso no fuese suficiente, lo rodean personas acusadas de sostener actitudes similares, como Vladimir Cerrón y la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, denunciada por maltrato contra una ciudadana transexual.
Si a esto se le suma la clara vena machista del postulante, que le atribuye los femincidios a la ociosidad, y que el dueño de su partido cree que “la revolución es como una mujer, necesita de hombres verdaderos”, el cóctel retrógrado se completa.
Para añadirle limón a la herida, la campaña electoral también ha terminado por transparentar las prioridades de algunos políticos que aseguraban defender a la comunidad LGBT. Verónika Mendoza y su partido suscribieron una alianza con el candidato del lápiz sin emitir verdaderos cuestionamientos a cómo evalúa esta problemática y guardaron un pasmoso silencio cuando algunos representantes de Perú Libre, como Guillermo Bermejo, fueron escuchados arremetiendo contra causas por las que supuestamente luchaban (“huevadas de género”, dijo el virtual legislador). En suma, una alianza acrítica que no se ha interesado por procurar que Castillo y compañía siquiera mencionen a las minorías no heterosexuales. Una situación que añade traición a la derrota.
Desde esta columna no creemos que ninguno de los dos aspirantes a la presidencia vaya a mostrar cambios de actitud frente a esta realidad. Tampoco bastaría, como ha dicho la excandidata al Congreso Gahela Cari sobre Cerrón, con ofrecerles talleres de género. El país ha elegido a dos candidatos conservadores que no tienen en agenda a la comunidad LGBT. Una clara señal de que en el Perú esta causa aún está en pañales. Y, mientras tanto, Sebastián Piñera asegura que “ha llegado el momento del matrimonio igualitario” en Chile.