“Volver a Venezuela no me gustaría porque la situación está muy dura… Mucha gente se va. Es como si estuvieran abandonando Venezuela, como si Venezuela ya no existiera”. Juan tenía apenas 11 años cuando dio estas declaraciones para la BBC en el 2021. A su hermana Bárbara la habían secuestrado y a su familia la amenazaron y le quitaron su casa, por lo que se vieron forzados a dejar todo atrás y huir hacia Colombia.
La inmigración venezolana tiene muchas facetas. En el Perú hoy viven más de 1,5 millones de venezolanos. Es decir, personas que emigraron porque no vieron otra solución para garantizar la supervivencia o el bienestar suyo o de sus familiares. Algunos, como Juan y su familia, huyen de la violencia, otros por motivos económicos y otros para reunirse con sus hijos o padres. El hecho de que emigrar es duro lo reconocemos la mayoría de peruanos. Lo que muchas veces no se dice es que el desplazamiento venezolano no es un fenómeno temporal; más bien está llevando a transformaciones sociales permanentes. Según la última Encuesta a la Población Venezolana residente en el Perú (Enpove 2022), el 75% tiene intenciones de quedarse. La realidad es que la migración venezolana no es temporal ni tampoco se va a detener en un futuro cercano.
Sin embargo, el Estado Peruano ha tratado el éxodo venezolano como si fuera un desplazamiento de corto plazo. La principal política de regularización migratoria ha sido otorgar permisos temporales de permanencia. Además, el Perú ha optado por reducir el tránsito migratorio regular con medidas como la imposición de una visa supuestamente humanitaria, documento al que la gran mayoría no tiene acceso por requisitos muy difíciles de cumplir en un país con un Estado autoritario y parcialmente colapsado. El resultado ha sido una mayor migración irregular y un alto porcentaje de inmigrantes venezolanos indocumentados. La Enpove no miente: más de uno de cada tres venezolanos en el Perú se encontraba en situación irregular el año pasado, y más de un cuarto de los venezolanos que ingresaron en el 2022 lo hicieron por vías irregulares.
La situación es más preocupante si tomamos en cuenta que casi un 20% de los migrantes venezolanos en el Perú reside en el país con el carnet de permiso temporal de permanencia (CPP). Este documento tiene una vigencia de solo dos años y muchos se han vencido o están por vencer. Sin embargo, al momento de escribir esta columna no existe alternativa para que los venezolanos con CPP no caigan en la irregularidad. En otras palabras, cientos de miles de personas están en riesgo de volverse indocumentados. A esto debemos sumarle que, en su mensaje a la nación, la presidenta Boluarte dio a entender que luego del 28 de octubre los migrantes irregulares serán expulsados del país. Esto último difícilmente se cumplirá, pues los migrantes irregulares justamente no están identificados por el Estado, pero ese tipo de discursos alimenta sentimientos y políticas xenófobos y de exclusión.
La Superintendencia Nacional de Migraciones ha prometido otorgar la calidad migratoria especial residente (CMER) a los venezolanos con CPP, pero esto aún no sucede. Una medida similar ya fue tomada en el pasado, cuando a los migrantes con el permiso temporal de permanencia (PTP) –un documento previo al CPP que se otorgó entre el 2017 y el 2018– se les brindó la posibilidad de obtener luego esta calidad migratoria. La ventaja de la CMER es que, aunque dura solo un año, puede ser prorrogada innumerables veces. El problema es que la prórroga es una facultad “discrecional” del Estado Peruano e implica costos, tiempo de los migrantes y tiempo de los funcionarios que realizarán este procedimiento anual e indefinidamente.
Por ende, habría que pensar en una regularización de más largo plazo, siguiendo el ejemplo de Colombia que ha ofrecido a millones de migrantes venezolanos la posibilidad de optar por una residencia de 10 años e incluso ha facilitado la nacionalización. En el Perú, en teoría, la CMER permite a los venezolanos naturalizarse como peruanos luego de dos años. Sin embargo, los requisitos que hoy se exigen para la naturalización implican que, si la mayoría de peruanos fuesen extranjeros, no podrían acceder a la nacionalidad peruana. Según se ha establecido, una persona debe ganar más de S/4.000 mensuales para nacionalizarse peruano. Esto es más del doble del salario promedio de los ciudadanos del país, el que de por sí ya es más alto que el salario promedio de los migrantes venezolanos.
Es necesario pensar en soluciones de largo plazo. Pero para ello tenemos que tener empatía por el drama que vivieron millones de personas como Juan y su familia y, sobre todo, hay que aceptar que nuestra sociedad se está transformando. Hoy, cerca de un 20% de hogares venezolanos en el Perú son binacionales, alrededor de 80.000 niños peruanos tienen padres o madres venezolanas y existen millones de extranjeros con intención de trabajar y hacer su vida en nuestro país. El Estado debe tomarse la tarea de la inclusión de sus nuevos integrantes más en serio.
Oscar Rosales es investigador de la Cátedra de Migraciones de la Universidad del Pacífico.