Inició el debate, con cierta cautela, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo: “Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias?”. No tardó en sumársele, pero con mayor entusiasmo, el premier Alberto Otárola: “Yo creo que la lucha contra las pandillas ha sido eficiente. Hay algunas atingencias de organizaciones internacionales, pero a nosotros nos preocupa la agenda del Perú […]. Este tipo de medidas se podrían aplicar en el Perú”. El primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, lo pide multiplicado: “Acá no necesitamos un Bukele, necesitamos al menos dos”.
Ellos están en lo más alto de los tres poderes del Estado. Por eso, cabría reclamarles que pongan en marcha sus ideas de inmediato. ¿Para qué prolongar el sufrimiento de la población, si es posible acabarlo en algunos meses?
No tienen por qué escucharnos a los blandengues que seguimos creyendo que lo que funcionaría (como en economía, educación o salud) son políticas y estrategias inteligentes con continuidad en el tiempo y con todo el esfuerzo presupuestal que la magnitud del problema exige. Reformando, en paralelo, aquellas instituciones que notoriamente no dan la talla para la tarea (y que no son pocas). Acompañado de una verdadera lucha frontal contra la corrupción, esa que explica mucho por qué vamos como el cangrejo.
Menos tienen que hacerle caso a esas “atingencias de organismos internacionales”, un eufemismo para referirse al hecho de que cualquier policía o soldado puede detener a cualquier persona sin orden judicial, internarla en una prisión sin derecho a ver a familiares y abogados, y que se le juzgue con otros 500 detenidos en un mismo proceso con un solo juez.
Ello, además del hecho de que El Salvador ya no es una democracia. La separación de poderes no existe y aun cuando la Constitución le prohíbe postular a la reelección en el 2024, Nayib Bukele lo hará.
Me sumo al dicho “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Peor aún, estoy seguro de que acá solo veríamos sus impactos negativos y, quizás, ninguno de los positivos.
La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 existen (y compiten) en El Salvador hace décadas en organizar tanto la criminalidad callejera como el narcotráfico, la extorsión, etc. Dos “ejércitos”, visibles y archiconocidos, controlaban virtualmente todo el delito.
Nada puede ser más diferente de lo que aquí ocurre. Las nuestras son redes criminales chicas, no relacionadas entre sí, que controlan territorios pequeños y se reproducen rápidamente. Cientos, si no miles, de anónimas y casi invisibles “guerrillas”.
La principal estrategia de Bukele es el control territorial, léase cercar territorios para encerrar a los mareros (y los que lo parezcan).
Pero El Salvador tiene 21.040 km2 (menos que Tacna y Moquegua juntas) y el Perú casi 1′300.000. Nuestro control territorial es bajísimo y el crimen organizado transnacional discurre “como Pedro por su casa” por los más de 4.000 km de nuestras fronteras.
Otro de los requisitos del éxito de Bukele ha sido el estricto control de los penales, incluyendo la construcción de uno para 40.000 reos. En proporción, nosotros habríamos de construir uno (o varios) para un total de 200.0000, cuando hoy la suma de todos los presos en todos penales no llega ni a la mitad. Así multipliquen de golpe y por muchas veces el presupuesto del INPE, esto tomaría no menos de un lustro (eso, si se hace a marchas forzadas).
Pero no tienen que desanimarse, bukelistas peruanos, un candidato con muchas posibilidades de ganar la presidencia de Ecuador tiene una solución: ¡llevarlos al mar! Propone, para los muy violentos (entendería que muchos, por la naturaleza de los delitos), “barcazas penitenciarias”, ancladas a 80 millas de la costa, con capacidad para 300 o 400 reos cada una. ¡Acá con unas 500 los embarcamos a todos!
No le hagan caso a Dina Boluarte, que se opone. Nada los debe desanimar, señores Arévalo, Otárola y Guerra García: ¡sálvennos ya!