Ante la aparente calma, sobrevienen las tempestades. La Comisión de Constitución resolverá archivar el proyecto de adelanto de elecciones, con lo que se abre un nuevo escenario de confrontación entre los poderes del Estado. Es claro que la propuesta presidencial de adelanto de elecciones no contaba con los votos necesarios para su aprobación, por lo que esta decisión no puede sorprender a nadie.
Pero hay que recordar que la propuesta presidencial fue una salida sorpresiva en el discurso de 28 de julio y que desubicó a la oposición, contando con el apoyo de la opinión pública. El presidente Vizcarra tenía que manifestarse en relación con la cuestión de confianza sobre los proyectos de reforma política y sacó del sombrero una medida que ubicó en el centro de la atención y el debate el recorte del mandato presidencial y parlamentario, particularmente de este último, cuya desaprobación ciudadana es muy alta.
Sin embargo, el gobierno obró con singular confianza al no presentar inmediatamente su proyecto de adelanto de elecciones con un pedido de cuestión de confianza, dejando a la deriva su propia propuesta, quizá pensando que el Congreso se iba a allanar a través de conversaciones o por temor a la disolución del Parlamento. Pero lo que ocurrió es que se abrió un espacio por donde se canalizaron diversos problemas que afectaron el desempeño gubernamental y el Congreso tuvo el tiempo para usar todos sus recursos para maniatar la propuesta.
Es así que, a los pocos días de la propuesta presidencial, estalló el caso de Tía María donde el propio presidente Vizcarra se vio envuelto en un conflicto que aún no se resuelve. Por lo demás, la distancia entre el presidente y Mercedes Araoz se amplió debido al desacuerdo que mostraba la vicepresidenta con el proyecto del Ejecutivo. El Congreso, por su lado, a través de la Comisión de Constitución, alargó hasta el límite pronunciarse sobre el adelanto de elecciones, mientras que su presidente clamaba diálogo con el propio Martín Vizcarra, que finalmente no llegó a buen puerto pero sí consumió valiosos días. Todo en medio del reagrupamiento de Fuerza Popular y su exitosa captación de varias pequeñas bancadas. Desde allí alentaron investigaciones de variado tipo, interpelaron al ministro de Justicia, interpusieron acciones ante el Tribunal Constitucional y solicitaron la visita de la Comisión de Venecia, mientras el gobierno aparecía inmovilizado y envuelto en las iniciativas de la oposición.
El Congreso archivará el proyecto del Ejecutivo y ya no esperará el informe de la Comisión de Venecia, como antes se había informado, pues, como anunciaron sus miembros, no se pronunciarán sobre la constitucionalidad o no de un proyecto en específico. Si antes la oposición alargaba el tiempo, ahora lo acelera esperando la liberación de Keiko Fujimori, la designación de miembros afines en el Tribunal Constitucional y gana días antes de que Barata, en su declaración ante los fiscales, entregue los nombres de los ‘codinomes’ que, presumiblemente, involucrarán a varios parlamentarios.
El gobierno no tiene mucho espacio de juego, habiendo perdido mucho tiempo en su respuesta al Congreso, su crédito ha caído, como lo muestran las encuestas, y la movilización ciudadana no fue ni de la amplitud y envergadura que esperaba. Si presenta la cuestión de confianza antes que la Comisión de Constitución resuelva, puede que esta no le dé trámite inmediato, como es presumible esperar. Si, pese a que el proyecto se archive, solicita la cuestión de confianza sobre un nuevo proyecto de adelanto de elecciones –cosa que ocurrió ya con el de inmunidad parlamentaria–, ya que no ha sido archivado por el pleno del Congreso, no dejaría de ser un recurso discutible y se enredarían en interpretaciones jurídicas, donde no es seguro que el gobierno logre su objetivo.
Si la aclamada bala de plata –adelanto de elecciones o disolución del Congreso– termina siendo solo una bala de salva, el gobierno no solo habrá perdido la batalla, sino que se le avizoran dos años de vía crucis y quizá de crucifixión.