Importante la detención de cuatro terroristas del Vraem. Más todavía si uno es hijo y otro sobrino de Víctor Quispe Palomino, el patriarca y cabecilla de lo que –con nombre cambiado– queda de Sendero Luminoso alzado en armas. Ello es fruto de un trabajo de inteligencia y seguramente de penetración de la organización criminal por parte de la Dircote. No es imposible que en algún momento no muy lejano esa organización deje de existir.
La lucha contra el crimen organizado en las ciudades no es demasiado diferente, pero sí más difícil. La más perversa y creciente es la extorsión en todas sus variantes, una que ya el 16% (Datum, El Comercio, 12 de noviembre) ve como el delito que más le preocupa.
Y no es que la PNP no tenga victorias contra ellas; las hay frecuentes y valiosas, pero con los escasos recursos que hoy disponen, no hay forma de que puedan evitar que el reemplazo de los detenidos e incluso de toda la organización por la rival no sea más rápido que ellos en desmantelarlas. En síntesis: lo que hay ahora es razonablemente bueno, pero totalmente insuficiente para la magnitud del desafío.
Se necesita, pues, grupos de élite mucho más numerosos, con personal muy preparado, con estímulos profesionales y económicos significativos, con equipamiento y tecnología suficientes, pero a la vez más cuidadosamente seleccionados para evitar la filtración. Ello, de paso, tendría un cierto efecto moralizador en la PNP en general, ya que muchos de los no seleccionados querrán mejorar su conducta y su capacitación profesional para aspirar a pertenecer a esa élite policial.
Un esfuerzo similar debe hacerse para reducir el robo agravado en las calles, ya que el 74% considera que es el delito al que está más expuesto. Para ello no es imposible –presupuestariamente hablando– contar con algunos miles de patrulleros adicionales (con mantenimiento o, mejor aún, rentados) para destinarlos a las zonas más afectadas de las ciudades.
Esto se debe acompañar con un monitoreo por GPS en tiempo real del desplazamiento de todas las unidades móviles e incluso de los policías de a pie. La tecnología ya existe en el Ministerio del Interior e implementarla en todas las ciudades que lo requieren no implica un gran costo. Ello permitiría supervisar y focalizar el patrullaje donde más se necesita, en los lugares y horas críticas, y moverlos en función de información de inteligencia y de las denuncias de los afectados (que también están georreferenciadas), consiguiendo así reducir la impunidad de los delincuentes.
No se puede seguir vendiendo la idea de que en 60 o 120 días se puede cambiar la situación de manera importante y sostenible. Más bien, cabe preguntarle al Gobierno cuánto ha hecho por mejorar la ejecución de inversión del Ministerio del Interior y por enfocarlo en las urgencias del momento. Más todavía, ¿qué han hecho ellos y el Congreso para darles el presupuesto adicional que requieren y con fiscalización suficiente para que no termine en corrupción?
Pero todo esto demora y, justamente por ello, se debe empezar ya y a la par se debe de advertir a la población que, aun apurando el paso al máximo, tomará su tiempo. Ello vale para la inversión que hagan el Gobierno Nacional y también los gobiernos regionales y municipales ya autorizados a usar sus recursos en ello, vía un decreto legislativo sensato del Ejecutivo.
Mientras el Gobierno, muchos de los alcaldes y el Congreso –que censuró al ministro del Interior– vendan la idea de que la crisis de seguridad se puede solucionar en muy poco tiempo y que el titular del sector no lo hizo, así pongan a Superman de ministro y a Batman y a Robin de viceministros, estarán condenados al fracaso y la censura.
Coda: Es oportuno llamar la atención de que S/209′718.000 costarán los dos aviones de pasajeros Boeing que ha comprado Dina Boluarte, con el argumento de hacer “puentes humanitarios”, pero que –apuesto doble contra sencillo– servirán principalmente para los futuros viajes de la presidenta. Ese dinero podría haber servido para darle un empujón importante al financiamiento de las necesidades mencionadas.