La pandemia ha puesto en evidencia las grandes desigualdades que existen en nuestras ciudades donde, para gran parte de la población, los servicios básicos son limitados, la infraestructura de salud es defectuosa y el desempleo es escaso. ¿Es la urbanización culpable de estos problemas?
El informe institucional de ONU-Hábitat, lanzado el pasado 31 de octubre, durante el Día Mundial de las Ciudades, tiene como tema central “El valor de la urbanización sostenible” (unhabitat.org/wcr) y discute las tendencias de la urbanización, el efecto del cambio climático, la inversión en infraestructura y las nuevas tecnologías en la administración local, así como también destaca la importancia de la Nueva Agenda Urbana y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
El documento reactiva tres debates que se han vuelto más urgentes con la crisis del COVID-19. En primer lugar, que una buena gestión genera valor, pero –para capturarlo– las ciudades requieren de planificación urbana, buena administración y financiamiento. En segundo lugar, que el valor de la urbanización va más allá de la simple medición económica (basar el progreso de las ciudades en un mayor PBI no es suficiente). Y por último, que la densidad –concepto central en las políticas urbanas– no es culpable de los problemas actuales.
Sobre la buena gestión, existen numerosos ejemplos de gobiernos locales que sobresalen por sus mejores prácticas, incluso en medio de contextos desfavorables (por ejemplo, cuando el gobierno central es de un partido político adversario o cuando sufren desastres naturales). Muchas ciudades tienen mejor capacidad para innovar y administrar que otras. La explicación no es muy clara en el largo plazo. Posiblemente se deba a una combinación entre el liderazgo provisto por alcaldes y gobernadores, y una capacidad técnica que se mantiene a lo largo de los ciclos políticos.
En relación con el valor que crea la urbanización, el informe critica la visión puramente económica, subrayando que esta no captura la prosperidad. Aquí debemos de ser cautelosos puesto que, aunque imperfecto, el mejor medidor existente hoy de la capacidad económica de las ciudades es el ingreso personal, representado por el PBI per cápita. Las mediciones de equidad en la distribución del ingreso –como el coeficiente de Gini– no representan, por sí mismas, un mayor o menor bienestar. El desafío, entonces, consiste en avanzar hacia estadísticas que expresen mejor los elementos multidimensionales, mediante una combinación de cuentas oficiales, censos y encuestas permanentes.
Acerca del concepto de densidad, existen investigaciones que muestran que el hacinamiento, y no la densidad, es el responsable de la expansión de la pandemia. El Banco Mundial realizó un estudio en Wuhan, China, que se menciona en el informe de ONU-Hábitat. Hay también indicadores de segregación contra inmigrantes en grandes ciudades que explican la prevalencia de los contagios.
Ciertamente, muchas cosas requieren de revisión. Entre ellas, la importancia de las ciudades intermedias, donde los trabajadores “digitalizables” que trabajan desde sus computadoras podrían terminar mudándose a ciudades menos densas –e, incluso, regresar al campo–, con lo que se reduciría el ingreso de aquellos “no digitalizables” que trabajan en el área de servicios. Así, el empleo disponible para trabajadores manuales en las grandes ciudades podría reducirse. El uso de datos-macro y de inteligencia artificial en la administración urbana y en el control de la salud es otro tema de debate, puesto que pone sobre el tapete la cuestión de la eficiencia versus la privacidad.
Al centro de la discusión, está el concepto de “densidad” y su número ideal. Los planificadores tienen recomendaciones basadas en la experiencia, mientras que los economistas lo vinculan al efecto positivo de las aglomeraciones y a la reducción en los costos en la provisión de servicios, donde, teóricamente, un mayor densidad es mejor.
El mérito del informe “El valor de la urbanización” consiste en que presenta los temas que requieren respuestas. El desafío es múltiple y pasa por reformular conceptos, diseñar nuevos indicadores y modernizar las capacidades técnicas de los gobiernos locales. La urbanización crea un valor que va más allá de lo monetario; medir ese valor intrínseco es el próximo paso para diseñar mejores políticas.
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