El 23 de julio de 1908, durante el reinado de Alfonso XII y por iniciativa del diputado Azcárate, fue aprobada en España la Ley sobre la nulidad de los contratos de préstamos usurarios, que establece “que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés... manifiestamente desproporcionado”.
Han pasado 118 años y la Ley Azcárate sigue fuerte en España y extendida por toda Europa, habiendo cobrado protagonismo durante el COVID-19, dado que muchas personas se quedaron sin trabajo, recurriendo a préstamos fáciles por Internet o al uso desesperado de sus tarjetas de crédito. Los tribunales españoles anularon estos contratos y ordenaron devolver solo el capital.
En México, la Corte Suprema establece que los intereses desproporcionados violan la Convención Americana de Derechos Humanos, permitiéndole a los jueces reducir de oficio las tasas abusivas.
La ley de usura existe en todas las zonas y países civilizados: América Latina, Unión Europea, Estados Unidos, etc. En Chile existe un recargo sobre el promedio cobrado, en Colombia es 1,5 veces el interés corriente, en Francia se coloca un tercio por encima del promedio anterior y en Estados Unidos los 50 estados regulan límites a los intereses. En Nueva York, el corazón capitalista del planeta, se califica usura y se multa un cobro superior al 16% anual y, si supera el 25%, se transforma en usura criminal.
La solución no puede ser permitir que los bancos, cajas y cooperativas de ahorro cobren más de 200% para evitar el “gota a gota” de 300% y 500%, cuando la inflación terminó en 1,5% en el 2025. Ambas situaciones son malas y en ambos escenarios quiebran al más pequeño. En un país con 70% de informalidad, pobre bancarización y extorsión yapeada por doquier, difícilmente se evita el “gota a gota”.
En una economía con una institucionalidad débil, la codicia salvaje o “antinatural” como decía Aristóteles y la no reducción de costos generan que un banco ecuatoriano cobre hasta 208% en Tumbes por una tarjeta de crédito en cuotas cuando a pocos metros, pasando la frontera, en Huaquillas, cobra 17%, burlándose además el límite de 114% del BCR mediante la suma de comisiones y otros; o que un banco chileno cobre por lo mismo 181% en Tacna (Perú) y, a solo 50 kilómetros de distancia, en Arica (Chile), cobre no más de 35%, que es la tasa máxima.
En la Unión Europea, para evitar la usura, ya no se habla solo de intereses, definiendo el costo total del crédito como “los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar … las primas de seguros se incluyen también”. Todo se suma para calcular la usura.
En definitiva, de eliminarse los límites en el Perú, estaríamos promoviendo los intereses usureros que las propias entidades extranjeras no se atreven a cobrar en sus países de origen alentando al sistema financiero local a imitarlos.
De la usura se habla desde tiempos bíblicos. El Antiguo Testamento señala que “los préstamos deberían ser actos de compasión y de ayuda al prójimo”, algo que no tomó en cuenta el MEF al solicitar la eliminación de los topes, promoviendo la usura, en el pedido de la delegación de facultades al Congreso, lo que producirá el efecto contrario, perjudicando al deudor en pleno fenómeno El Niño.
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