La Unidad de Periodismo de Datos de este Diario, luego de cruzar la información de la planilla del Congreso de la República de enero del 2021 con el Registro de Organizaciones Políticas, corroboró que 657 trabajadores de este poder del Estado están afiliados a una agrupación política (sin contar movimientos regionales). En corto: las organizaciones elegidas por la ciudadanía para conformar el Parlamento han hecho de este una suerte de agencia de empleos para sus correligionarios.
La situación es inquietante por más de una razón. Primero, porque es evidente que los funcionarios reclutados para trabajar en el Legislativo deberían ser designados por su pertinencia para el cargo, no por su afiliación a un partido. Si se mezquinan los méritos en favor de los compadrazgos políticos, la posibilidad de que el Congreso opere con eficiencia se hace más remota. En segundo lugar, porque el salario de todas estas personas proviene de los contribuyentes, quienes merecen que su dinero sea utilizado atinadamente y no para solventar favores, amistades o lealtades privadas.
De hecho, buena parte de los trabajadores afiliados a agrupaciones políticas se desempeña en las comisiones especializadas y en los despachos de los parlamentarios, espacios en los que lo sensato es incluir a expertos en distintas materias para orientar el quehacer legislativo. Que se haya hecho costumbre descuidar este criterio explica, en parte, la pobreza de las normas elaboradas y promulgadas en los últimos tiempos.
Acción Popular (AP) es el partido con más miembros laborando en el Parlamento. En agosto del 2020, bajo la presidencia de Manuel Merino de Lama (AP), la planilla incluía a 147 afiliados al partido de la lampa. Para enero de este año, con una nueva titular, la cifra cayó a 139. Alianza para el Progreso, por otro lado, también vio cambios en el número de sus adeptos contratados cuando hubo movimientos en la Mesa Directiva: en agosto del año pasado registraba 67 y cinco meses después bajó a 59.
Que haya una correlación entre la naturaleza política de quienes ostentan cargos importantes dentro del Congreso y las vinculaciones partidarias de quienes son contratados, deja claro que existe una deliberada intención de beneficiar a correligionarios desde dichos cargos. Y este patrón parece ser uno de los elementos que explican la sobrepoblación que padece este organismo, que para enero contaba con más de 2.900 trabajadores.
La presidenta del Legislativo, Mirtha Vásquez, lo deja claro: “El Congreso está con una sobrepoblación laboral, y eso ha sucedido porque los partidos tienen la concepción de que el Congreso funciona en virtud de cuotas de cada partido”. La circunstancia empeora si se toma en cuenta que, como añade la representante del Frente Amplio, los padres de la patria “reclaman” cuando se trata de remover a algunos de los favorecidos, asegurando que “no es posible que saque a su gente”.
Consultado por El Comercio, el experto en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi señaló que uno de los incentivos existentes para que los congresistas beneficien a sus partidarios es el hecho de que este ente se autoexcluyó de la Ley Servir. El Tribunal Constitucional los exhortó a revertir esta situación, pero esto no ha ocurrido.
Un compromiso que sería interesante que los candidatos al nuevo Congreso asuman es el de volver a incluir a este poder del Estado en la Ley Servir. Ello y garantizar que todas las contrataciones tendrán como fin afianzar el trabajo parlamentario, no el partidario.
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