El lunes, el Congreso interpelará al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado. Este, como se sabe, se desempeñó durante el primer año de esta administración en la cartera de Vivienda y Saneamiento, y viene siendo investigado en el Ministerio Público por integrar –en condición de lugarteniente– una de las presuntas organizaciones criminales que lideraría nada menos que el presidente Pedro Castillo.
La decisión del Parlamento ha sido respaldada por un número significativo de legisladores (86 votaron a favor), una señal de que los cuestionamientos contra uno de los más duraderos miembros del Gabinete son tan graves como para preocupar tanto a opositores como oficialistas. Y no es para menos, pues las sospechas en torno al señor Alvarado no solo merecen que se le fuerce a responder frente a la ciudadanía, sino que también deberían desembocar en que sea relevado de su puesto.
Según la hipótesis del Ministerio Público, desde su posición en el Ministerio de Vivienda (cartera que lideró entre julio del 2021 y agosto de este año), Alvarado habría orientado “recursos públicos asignados a su cartera amparándose en normas extraordinarias para la ejecución de obras de saneamiento y otros” a municipalidades cuyas autoridades se habrían coludido en la orientación de las licitaciones a empresas y consorcios utilizados como fachada. De acuerdo con la fiscalía, esto habría permitido que la primera dama Lilia Paredes, tres de sus hermanos y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina –hoy en prisión preventiva, al igual que la cuñada del presidente Yenifer Paredes–, se hagan de “más de S/6 millones en obras públicas”.
Una de las vías empleadas para las maniobras ilícitas que se le imputan a la presunta mafia que opera en el Ejecutivo habría sido el Decreto de Urgencia 102-2021, suscrito precisamente por Geiner Alvarado, los entonces ministros Pedro Francke (Economía) y Mirtha Vásquez (PCM), y el jefe del Estado en octubre del año pasado. A través de este, el municipio de Anguía, escenario de varias de las obras que hoy se encuentran en la mira de la fiscalía, vio aumentar su presupuesto en un 200%, un incremento que habría sido bien aprovechado por la organización criminal.
Ante el Ministerio Público, sin embargo, Alvarado ha tratado de escamotear su responsabilidad en el decreto, señalando al Ministerio de Economía como su promotor. Pero las evidencias lo contradicen. Como informó ayer este Diario, una serie de comunicaciones entre funcionarios del Ministerio de Vivienda demuestran que fue de esta entidad de donde provino la cuestionada disposición. Por ejemplo, un correo enviado en octubre pasado por el viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Ernesto Hernández Campanella, a los directores de su sector da cuenta de que Vivienda buscaba gestionar el financiamiento y las consultorías que serían incluidas en el decreto de marras. El Comercio, además, tuvo acceso al expediente completo del proyecto que envió el ministro Alvarado a la Presidencia del Consejo de Ministros que sustentaba su propuesta para la referida normal legal.
En esa línea, la participación de Alvarado en las irregularidades hoy investigadas por la fiscalía resulta difícil de negar, así como sus intentos por ocultar la verdad en su testimonio ante las autoridades. Esto, sumado a otros cuestionamientos que lo tienen como protagonista, como los planteados por la exviceministra de Vivienda y Urbanismo Elizabeth Añaños –que van desde pedidos del ministro para favorecer a inmobiliarias que aportaron a la campaña de Castillo hasta denuncias de hostigamiento–, deja claro que su permanencia en el cargo es inaceptable.
En el Congreso parecen existir los votos para censurarlo y ese es indudablemente el camino que se tiene que tomar. De hecho, esa es la ruta que el Legislativo debió seguir con múltiples funcionarios de esta administración, pero hasta ahora el Gobierno se ha beneficiado con la excesiva permisividad de la representación nacional. Esto tiene que empezar a cambiar. Y remover al ministro Alvarado sería un primer paso en ese sentido.