El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe decidir la suerte del suspendido fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia, quien se encuentra relevado de sus funciones desde el 30 de diciembre del año pasado. La decisión debió haber sido tomada el pasado jueves 23, pero como para entonces la Comisión de Procesos Disciplinarios no había remitido aún su dictamen sobre la materia, se resolvió postergarla.
De más está decir que esta resolución es de la máxima importancia, pues no solo atañe al futuro de un funcionario que ocupa un alto cargo en la estructura del Estado, sino también a la imagen de una institución –el Ministerio Público– encargada de vigilar el respeto a la ley en el país y que, por lo tanto, debería estar más allá de cuestionamientos o sospechas morales.
Como se recuerda, al señor Ramos Heredia se lo suspendió por su presunta vinculación con el caso ‘La Centralita’ y, en esa medida, con el ex presidente regional de Áncash César Álvarez, actualmente con prisión preventiva. Desde entonces, sin embargo, ha aparecido información adicional sobre su desempeño en los distintos puestos que ha ocupado en la fiscalía, que llaman a preocupación y obligan a mirar con particular atención la decisión que el CNM debe adoptar.
Este Diario, por ejemplo, ha informado recientemente que, cuando era titular de Control Interno, Ramos Heredia llegó a presentar 14 boletas provenientes de una tienda de golosinas –cada una de ellas por montos de hasta S/.300– para justificar sus gastos, lo que vino a sumarse a la afición que desarrolló en esa misma época por acudir a El Monasterio de los Mocachinos: un restaurante dado de baja en el 2012, pero que, de manera insólita, le siguió emitiendo recibos con boletas de numeración consecutiva hasta el 2014. En total fueron 70 boletas por S/.22.267 las que fueron justificadas como consumos provenientes de este restaurante.
Ya convertido en fiscal de la Nación, por otra parte, conservó esa vocación por los consumos fantasmales, pero esta vez en La Tradición del Sabor: un restaurante sin local, que, de acuerdo con la numeración de sus boletas, trabajó casi exclusivamente para él, pues le sirvió para justificar recibos por S/.11.762 en sus seis meses de gestión.Su curiosa disposición al dispendio, además, se extendió a su entorno. El pasado diciembre, en efecto, Ramos Heredia autorizó con su firma el pago de US$273.087 para financiar la pasantía de 81 personas, entre trabajadores fiscales y personal administrativo, que viajaron a conocer el funcionamiento de sus similares en Colombia y Chile durante 5 días. Solo el pasaje involucró un desembolso superior a los US$1.500 por funcionario: más del doble del precio que tendría que pagar cualquier persona si, intempestivamente, decidiera subir a un avión mañana en Lima para visitar estos países. Y todo esto en supuestos tiempos de austeridad dentro de la fiscalía.
Alguien podrá argumentar por cierto que, ni siquiera sumándolos, estos montos componen una cifra importante. Pero no estamos hablando de soles más o soles menos, sino de fibras morales. Los criterios definitivos para establecer la idoneidad de Ramos Heredia para el cargo, además, siguen siendo claramente aquellos que determinaron su suspensión.
La revisión de su actuación a lo largo de su carrera en el Ministerio Público, sin embargo, puede servir para reflexionar sobre qué es lo que explica que personas con una trayectoria tan salpicada de ingredientes que mueven a suspicacia –porque Ramos Heredia no es el único ni el primero– sean precisamente las que llegan a los puestos más encumbrados en esa institución.
¿Hay acaso una regla no escrita al respecto? ¿El universo de los candidatos no ofrece opciones que no estén teñidas por variantes del mismo problema? No lo creemos.Por eso el CNM, que es también la instancia que elige en origen a los fiscales de la Nación, tiene una oportunidad de oro para mostrar que su tarea puede estar presidida por una disciplina que no hace concesiones al claroscuro moral y marcar un hito para el futuro del Ministerio Público.