El desafío más grande de la actual administración es sin duda el control del COVID-19. En este aspecto, la adquisición y distribución de la vacuna es el reto principal. Lamentablemente, el desempeño del Gobierno hasta el momento ha tenido contratiempos y traspiés que no se pueden pasar por agua tibia.
Para empezar, es justo señalar que el punto de partida heredado fue pobre. El gobierno del presidente Martín Vizcarra no logró cerrar acuerdos con ningún laboratorio, de modo que, a pocas semanas de culminar el año pasado, el nuevo Ejecutivo liderado por Francisco Sagasti se vio forzado a buscar las soluciones que quedaran a la mano cuando otros países ya se habían adelantado en las negociaciones.
La baja disponibilidad de vacunas a la fecha guarda relación con este retraso inicial. Pero no es toda la historia. Según indicó el mandatario esta semana, se ha reprogramado la entrega de los 37 millones de vacunas restantes contra el COVID-19 de Sinopharm. Como se recuerda, para este mes de marzo se esperaba el arribo de dos millones de dosis. No obstante, el presidente Sagasti explicó que el Gobierno está esperando “información adicional para darle el registro condicional que es necesario para importar el siguiente lote”.
La explicación ha quedado corta. ¿En qué consiste esta información adicional y por qué no se consideró necesaria para la importación del primer lote que ya viene siendo aplicado en el personal de primera línea y adultos mayores del país? ¿Cuándo llegará entonces el siguiente lote y de quién depende? Si no hay stock disponible, si el laboratorio tiene nuevas condiciones, o si el Gobierno ha cambiado de criterios debería ser información pública. La falta de claridad hace poco por dispersar el clima de suspicacia y desinformación que se instaló a raíz de filtraciones tergiversadas de los resultados preliminares del ensayo clínico de Sinopharm en el Perú. Si bien el Ejecutivo ha señalado que los retrasos no guardan relación con los recientes escándalos alrededor de la vacuna, las dudas sobre la naturaleza del retraso permanecerán en tanto no haya información más precisa.
Adicionalmente, los avances en el proceso de inoculación de las vacunas que sí tenemos disponibles tampoco son notables. Según informó este Diario el sábado pasado, en la última semana el ritmo de vacunación bajó en 33% y un tercio de los médicos afiliados al Colegio Médico del Perú (CMP) aún no recibe ni la primera dosis de la vacuna contra el virus. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), parte del problema estaría en fallas en los registros y padrones médicos. Hechas las sumas y restas, el Perú no solo aparece como uno de los países con mayor número de fallecidos por millón de habitantes de la región, sino también como uno donde el proceso de vacunación para prevenir más muertes avanza lento. Chile es el líder descollante (42,5 de dosis administradas por cada 100 personas), seguido de Uruguay (7,6), Argentina (6,2), Brasil (6,1), México (3,8), Colombia (2,1) y, luego, Perú (1,9).
El Gobierno debe ser más claro con la información disponible para no alimentar falsas esperanzas de un lado, ni información tendenciosa o malintencionada de otro. Ya hubo una primera decepción con la marcha atrás en la inoculación de los miembros de mesa. Los adultos mayores y el resto de la población merecemos total transparencia respecto de los motivos de cualquier avance o retroceso en el calendario de vacunación. Hoy por hoy, no hay nada más importante que eso.