Ayer el expresidente Pedro Castillo debía declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso por el Caso Anguía, aquel que lo coloca en el centro de una supuesta organización criminal que durante su gobierno habría utilizado el Ministerio de Vivienda para lucrar a través del direccionamiento de determinadas obras en el distrito cajamarquino del mismo nombre, que por entonces tenía como alcalde a su amigo y aportante de su campaña, José Nenil Medina (hoy en prisión preventiva).
Sin embargo, la sesión naufragó antes incluso de comenzar debido al show que Castillo y su abogado Eduardo Pachas efectuaron con éxito. Éxito, esto es, para lograr el objetivo del exmandatario, que era el de frustrar por enésima vez su interrogatorio ante este grupo de trabajo. Apelando a una leguleyada, el golpista se negó a jurar antes de que comenzara la sesión propiamente dicha –como suele ocurrir en este tipo de eventos– argumentando que lo haría de manera presencial. Este pedido fue respaldado por su defensa legal, que una y otra vez insistió en el hecho de que en la invitación cursada por la comisión a su patrocinado días atrás no se consignaba literalmente que su participación sería “virtual”.
Como es evidente, Castillo y su abogado están buscándole el quinto pie al gato. Él sencillamente no puede apersonarse a la sede del Legislativo dado que actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo donde cumple dos prisiones preventivas (una por 18 meses por el golpe de Estado del pasado 7 de diciembre y otra por 36 meses por haber liderado una presunta organización criminal durante su gestión) por lo que no solo es entendible, sino de una lógica elemental que su comparecencia sea virtual. Por lo que su insistencia en declarar presencialmente ante la Comisión de Fiscalización no es otra cosa que un burdo intento por seguir escabulléndose de las autoridades.
Abona a esta impresión la circunstancia de que no es esta la primera vez que Castillo se resiste a declarar ante el referido grupo de trabajo. De hecho, es la séptima. No lo hizo ni cuando era jefe del Estado y sus integrantes acudieron hasta Palacio de Gobierno para entrevistarse con él en junio del 2022, ni cuando, ya destituido del cargo –y, por ende, despojado de las prerrogativas que la Constitución le otorga al presidente para fijar las condiciones de su declaración ante esta comisión–, arguyó que no podía contestar porque debía participar en simultáneo en otras citaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y del Ministerio Público el mes pasado.
Pero eso no es todo. En su brevísima alocución de ayer, además, Castillo insistió en la mentira de que sigue siendo presidente de la República. Una calificación que en otro contexto no debería motivar ni siquiera un comentario de nuestra parte, pero que viniendo de quien traicionó ese mandato para erigirse en dictador así sea por unas cuantas horas y de quien a lo largo de toda su gestión y luego de finalizada esta continúa negándose a declarar por los serios indicios de corrupción que lo salpican no es otra cosa que una afrenta. Una afrenta, esto es, no contra los legisladores que integran la Comisión de Fiscalización, ciertamente, sino contra todo el país al que el exmandatario nunca quiso explicarle las implicaciones que él y varios de sus familiares y funcionarios tienen en este caso, uno en el que las huellas de la corrupción aparecen por donde sea que se mire.
Por supuesto, no se trata de un comportamiento novedoso. La falta de transparencia, de rendición de cuentas, de apertura con la prensa crítica y de colaboración con el Congreso y con el Ministerio Público fueron una constante durante el tiempo que se desenvolvió como presidente de la República. Pero ello no significa que el país deba hacer de la vista gorda ante otro claro intento del vecino de celda de Alberto Fujimori y Alejandro Toledo de evitar dar las respuestas que adeuda desde hace ya varios meses.
Ya estuvo bueno de shows.