Durante el año pasado, la atención del país estuvo centrada, lógicamente, en el combate sanitario al nuevo coronavirus y en sus consecuencias económicas. Pero este no fue el único obstáculo serio que vivió el Perú. Desde marzo pasado, un Congreso fragmentado, impulsivo y demagógico promovió normas miopes, complicó la gestión de la pandemia y causó una crisis política de proporciones históricas –y todo eso antes de cumplir un año de gestión–.
El país, sin embargo, no habría extraído demasiadas lecciones de esta triste experiencia parlamentaria. A primera vista, el Congreso electo en las elecciones generales de este mes repetiría algunos de los vicios del actual Legislativo, y le agregaría algunos nuevos. Entre las características compartidas con el actual Congreso está, por ejemplo, la atomización de la estructura parlamentaria. Esta vez serán diez las bancadas las que deberán buscar consensos, con la más grande, de 37 congresistas, perteneciente a Perú Libre.
Ante un Legislativo fragmentado, los avances en la agenda de políticas públicas necesarias para el país se ponen cuesta arriba. Más bien, la experiencia reciente demuestra que, –a pesar de las diferencias–, cuando la coyuntura lo permite, los puntos de encuentro regulares entre distintas bancadas suelen ser el populismo y la conveniencia política. Por lo demás, y en vista de la poca cohesión de la mayoría de bancadas, lo esperable es que durante los siguientes períodos estas se dividan aún más.
Otro punto preocupante en el que el nuevo Congreso se asemeja al actual es la baja experiencia relevante de los nuevos legisladores. De acuerdo con un informe elaborado por este Diario, solo nueve congresistas virtualmente electos –equivalente al 7% del total– han tenido ya experiencia como parlamentarios. Si se suman los asesores legislativos, el número de nuevos congresistas con algún paso por el ecosistema del hemiciclo y comisiones sube apenas al 15%.
Este pobre resultado no es únicamente responsabilidad de los partidos políticos o de los electores. El impedimento de la reelección parlamentaria inmediata ha dañado seriamente la construcción de perfiles legislativos profesionales que aporten experiencia al Congreso. Si bien la renovación generacional es positiva, un Legislativo en el que la gran mayoría entrará a aprender el oficio puede tener muy malos resultados. Peor aún, entre los que sí tienen experiencia legislativa se encuentran perfiles altamente cuestionables, como José Luna (Podemos), quien afronta detención domiciliaria, o la exasesora Leslie Olivos (Fuerza Popular), excluida de las elecciones del 2020 por no haber consignado una sentencia –por falsificación de documentos en “agravio del Congreso”, dicho sea de paso–.
Lo que sí es nuevo en esta ocasión es la presencia significativa de miembros del Legislativo que tendrían vínculos con el Movadef, órgano de fachada de Sendero Luminoso. De acuerdo con un reporte de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), tres virtuales congresistas de Perú Libre pertenecerían a un sector radical del magisterio que para la policía está vinculado al Movadef. Por otro lado, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) señala la existencia de vínculos entre dos virtuales parlamentarios del mismo partido y el Conare-Sutep de la facción del Movadef. Tres de estos cinco virtuales parlamentarios han negado que tengan relaciones con movimientos afines al senderismo, pero aun así su participación directa en un poder del Estado que determina el marco legal del país y que además maneja información de inteligencia reservada es motivo de preocupación.
A diferencia del actual Congreso, que tiene un mandato reducido, el próximo Legislativo estaría en funciones por cinco años. Este es, además, un período crítico para el país, en el que no solo hay que reconstruir las bases económicas pospandemia, sino, quizá más importante aún, las bases institucionales que prevengan nuevas crisis políticas. Dada su conformación, por ahora existen dudas razonables de que el Congreso electo vaya a cumplir ambos objetivos.