Desde el inicio de su gobierno, los funcionarios cuestionados han rodeado al presidente Pedro Castillo. O, para ser más precisos, ha sido él el que ha decidido rodearse de estos, ya sea porque los designó a pesar de las serias imputaciones con las que cargaban o porque se negó a apartarlos una vez que las señales de que debían ser removidos eran ya tan contundentes como inocultables.
Bruno Pacheco, Juan Silva, Hernán Condori, Hugo Chávez, Aníbal Torres… son apenas algunos nombres de esta lista que podría extenderse hasta ocupar toda la página. A ellos se ha sumado en los últimos días el de Beder Camacho, subsecretario general de la Presidencia cuya continuidad, a estas alturas, es insostenible.
Camacho ha sido incorporado en la investigación que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió la semana pasada contra el jefe del Estado por el presunto encubrimiento personal de los prófugos de su gobierno tras la remoción del ahora exministro del Interior Mariano González, con solo 15 días en el cargo. González, como se recuerda, fue cesado el mismo día que, atendiendo a un pedido de la coordinadora del equipo especial del Ministerio Público a cargo de las investigaciones de corrupción en el círculo más próximo al mandatario, Marita Barreto, decidiera la conformación de un grupo policial de élite para dar con el paradero del ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco (ya en manos de las autoridades), el exministro de Transportes Juan Silva y Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario (estos últimos, aún en la clandestinidad).
Justamente, Pacheco ha contado ante la fiscalía que Camacho había coordinado su fuga a finales de marzo a pedido del presidente. Según su relato, el hoy subsecretario general de Palacio puso a su disposición, en un primer momento, una camioneta para que pudiera movilizarse hasta un inmueble en Barrios Altos y, luego, lo refugió en una vivienda en Huaral. Camacho también es investigado por encubrimiento personal, precisamente por la fuga de Pacheco.
Por otro lado, según el periodista Américo Zambrano, el 23 de julio, poco antes de que Pacheco se entregase a la justicia, Camacho llamó al semanario “Hildebrandt en sus trece” –donde labora Zambrano– para denunciar un supuesto plagio en la tesis de la fiscal de la Nación. A pesar de que la información en cuestión era falsa, la intención del trabajador de Palacio por neutralizar las revelaciones que se venían en su contra y en la del presidente, así como por enlodar la imagen de quien viene liderando las investigaciones contra ambos, quedó al descubierto.
Según ha contado el exministro González, además, la confianza del mandatario en Camacho es tal que semanas atrás le pidió que lo evaluara para el puesto de viceministro en el sector Interior. El propio Camacho ha aceptado que le envió su currículum a González “por WhatsApp”, pero que este le dijo que no tenía “‘expertise’ y ahí quedó”.
Pero Camacho no es el único funcionario cercano a Castillo que debería ser removido del cargo. El suboficial de la PNP Nilo Irigoin Chávez integra desde agosto pasado la escolta del presidente y es, según ha relatado Pacheco, una de las personas que canalizaron los sobornos de US$20.000 –el mismo monto que se le encontró al hoy colaborador de la justicia durante una diligencia en la sede del Gobierno a fines del año pasado– que se habrían pagado para los ascensos a generales de la PNP en el 2021. Según fuentes de este Diario, a pesar de esta gravísima denuncia, Irigoin continúa laborando, como si para él, y para el presidente, nada hubiera pasado…
Así las cosas, las imputaciones conocidas hasta ahora contra Camacho e Irigoin deberían ser suficientes para que sean removidos de sus cargos. La continuidad de ambos –como ocurrió en su momento con la de Pacheco y la de Silva, a pesar del torrente de cuestionamientos que se cernía sobre ellos– solo abona a la creencia de que al presidente no le molestan estas sombras en Palacio porque él mismo es una de ellas.