Ayer, con 70 votos a favor, 38 en contra y siete abstenciones, el Parlamento decidió censurar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego de semanas de controversias en torno a la filtración, el pasado 13 de noviembre, de la Prueba Única Nacional del Concurso de Nombramiento 2021, una evaluación dirigida a definir el ingreso de docentes a la Carrera Pública Magisterial. Las respuestas a esta, como se sabe, fueron a parar a las manos de algunos de los maestros que debían rendirla y la conocida oposición del señor Gallardo al proceso meritocrático dio pie a que se sospechase de su papel en el fiasco.
Sin embargo, si algo terminó por dictar la suerte del titular del Ministerio de Educación (Minedu) ello fue la revelación que hicieron el portal Epicentro TV y Willax sobre el gravísimo testimonio de una testigo protegida a la fiscalía anticorrupción de San Martín. En breve, esta sindicó a la congresista de Perú Libre Lucinda Vásquez y a la hija de Gallardo, Ynés Gallardo Calixto, como responsables de la distribución de las soluciones al examen mencionado a cambio de dinero. Una acusación que, de confirmarse, pondría al dentro de poco exmiembro del Gabinete en un aprieto aún más incómodo que su reciente destitución.
Ahora, como es evidente, el presidente Pedro Castillo y la primera ministra Mirtha Vásquez deben elegir a un reemplazo para Carlos Gallardo. Y quizá un buen punto de partida para estudiar algunos nombres sería comenzando por revisar el perfil del saliente ministro… para buscar todo lo contrario.
En primer lugar, el jefe del Estado debe dejar de lado las viejas pugnas sindicales y enfocarse en fortalecer el sector Educación, tan golpeado por la pandemia. El funcionario censurado, por ejemplo, mantiene vínculos estrechos con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate-Perú), un gremio fundado por el presidente que, entre otras cosas, se ha opuesto a la evaluación de los docentes desde siempre. Ya en el puesto, además, Gallardo colocó en posiciones importantes a miembros de la referida organización, como Roy Palacios Ávalos, viceministro de Gestión Institucional. Así, el nuevo ministro debería comenzar por reordenar las prioridades de la cartera para que la calidad de la enseñanza sea lo más importante en lugar de gastarse fungiendo como peón en tristes enfrentamientos entre sindicatos por el control del magisterio. Y, de la misma manera, debería ser el primero en oponerse ante cualquier intento del Parlamento por provocar lo contrario.
Asimismo, quien suceda a Gallardo tendrá que estar plenamente comprometido con la reforma universitaria y con el trabajo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), sin medias tintas ni posiciones equívocas o, en el peor de los casos, cómplices. Más aún ahora que, desde el Congreso, se viene preparando una contrarreforma que busca socavar la autonomía del organismo o pervertir el sentido del proceso de licenciamiento de ciertas universidades privadas.
Pero sin duda la tarea más importante que tendrá por delante el nuevo ministro de Educación será el retorno de los escolares a clases presenciales; una necesidad que sigue postergada mientras el mandatario permanece entretenido por sus intereses sindicales inaugurando estrambóticas ‘escuelas de estudios sindicales’. Como se sabe, millones de estudiantes peruanos esperan volver a las aulas tras 21 meses desde que estas fuesen cerradas por la pandemia del COVID-19. En este punto, en la región, el Perú solo está mejor que Cuba y Belice, con apenas el 6,5% de alumnos en los centros educativos, según información de Unicef. Esta circunstancia coloca a los estudiantes en una posición crítica y, según varios especialistas, los daños a su formación podrían ser ya irreparables. El Gobierno, sin embargo, viene arrastrando los pies cuando su obligación es garantizar las condiciones para el retorno lo más rápido posible.
Así las cosas, el Ejecutivo debería ver en la censura a Carlos Gallardo una oportunidad para enmendar todo el estropicio que supuso su paso por el Minedu y, de paso, lograr algo que parece ajeno a esta administración: nombrar a personas competentes para puestos críticos en el Estado. Y pocos puestos hay tan sensibles para un país como el del titular de Educación.