El debate presidencial que tuvo lugar el sábado pasado en Chota (Cajamarca) permitió, entre otras cosas, despejar ciertas dudas que el discurso del candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, había dejado sembradas con posterioridad a la primera vuelta electoral. Como se recuerda, ante las especulaciones sobre la eventual suscripción de un compromiso de su parte con algunas medidas que pudieran atenuar el contenido estatista y hostil hacia varias de las instituciones del Estado de derecho del ideario y programa de gobierno con el que había corrido durante la primera etapa de la campaña, el secretario general del partido, Vladimir Cerrón, divulgó un tuit en el que decía: “No habrá Hoja de Ruta con Perú Libre y Pedro Castillo. Somos un partido consecuente y consciente de sus planteamientos”.
Casi inmediatamente, sin embargo, Castillo apareció en una entrevista radial a sentenciar: “Más allá de lo que diga o deje de decir Cerrón, el que va a gobernar soy yo”. Una sentencia que acompañó por esos días con afirmaciones en las que, a contrapelo de anuncios que él mismo había hecho antes del 11 de abril, garantizaba el respeto a la Constitución vigente y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de las actividades empresariales en el país. Tales pronunciamientos crearon la impresión en algunos sectores de la opinión pública de que el postulante de Perú Libre estaba ofreciendo una moderación de su visión estatista y avasalladora del orden institucional a fin de abrirse a un universo de votantes más amplio en su afán de obtener la victoria en la segunda vuelta.
Poco había de durar, no obstante, la ilusión, pues durante el debate al que aludíamos al principio, Castillo volvió sobre sus propuestas originales y sus planes de llevar adelante acciones inconstitucionales una vez instalado en el poder. Anunció de nuevo, para empezar, “una asamblea nacional constituyente”, en abierto desconocimiento de lo que dicta la Carta Magna que, días antes, aseguraba que respetaría. Nuestra actual ley de leyes, como se sabe, no contempla la posibilidad de asamblea constituyente alguna y señala que es más bien el Congreso en funciones el llamado a aprobar cualquier cambio que quisiera hacérsele al texto. Solo si se produjese una modificación constitucional por esa vía (lo que supone dos votaciones mayoritarias en dos legislaturas distintas) se podría introducir la figura que el candidato de Perú Libre pretende… Pero eso él no lo menciona, alimentando la fantasía de que el presidente, ni bien asuma sus funciones, puede llamar, a sola voluntad, un referéndum para convocarla. Un anticipo de sus ánimos de instaurar entre nosotros una “democracia plebiscitaria” como la que impusieron en su momento Hugo Chávez y Evo Morales en Venezuela y Bolivia, respectivamente.
Por otra parte, regresó también sobre su plan de “revisar” los contratos con “las empresas transnacionales que han saqueado al país”, “exigir a la Sunat que cobre las grandes deudas que tienen empresas tramposas en el Perú” y acabar con las “importaciones de lo que el pueblo produce”, fórmulas seguras para liquidar la seguridad jurídica (los referidos contratos están protegidos constitucionalmente y las deudas a las que alude, judicializadas) y restablecer un proteccionismo que ya en el pasado sometió a los consumidores peruanos a pagar precios altos por productos de mala calidad.
Se diría que Castillo se hartó rápidamente de fingirse moderado y, estimulado por la ovación de sus parciales en su lugar de origen, decidió mostrarse tal cual es. Y eso pone nuevamente sobre el tapete sus temerarias proclamas acerca de la supuesta necesidad de “desactivar” el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, o cerrar el Congreso. Efímero fue su afán de lucir dispuesto a respetar las reglas de la democracia. Pero eso, en el fondo, debemos agradecerlo porque, ante amenazas como esta, es mejor estar advertidos.