El Perú enfrenta diversos problemas medioambientales. La contaminación del aire urbano, el pobre manejo de residuos sólidos o la gestión de pasivos mineros, por ejemplo, se cuentan entre los más apremiantes. Pero, por sus dimensiones, velocidad de expansión y profundidad del daño, quizá no hay ninguno que merezca mayor atención y sentido de urgencia que la destrucción de la Amazonía peruana como consecuencia de la minería ilegal.
Este Diario viene denunciando desde hace años la depredación de Madre de Dios. El año pasado reportamos, por ejemplo, que en la región se detectaron niveles de contaminación por mercurio –metal pesado altamente tóxico utilizado para la extracción ilegal de oro aluvial– que incluso superaban aquellos de las áreas altamente contaminadas por minas de mercurio y por la combustión industrial de carbón en China.
El problema, sin embargo, lejos de contenerse, parece estar en expansión. Ayer, El Comercio publicó un informe en el que reportaba la creciente huella de las dragas en Loreto. Se estima que en la zona operan al menos 40 de estos equipos que destruyen el lecho de los ríos en las inmediaciones del Área de Conservación Regional Alto Nanay-Pintuyacu Chambira. La rentabilidad del negocio de extracción ilegal de oro es tal que permite a las mafias adquirir tecnología suficiente como para adelantarse a las interdicciones, comprar lealtades locales entre la policía y representantes políticos claves y, si fuera necesario, reemplazar rápidamente la maquinaria destruida. Más allá de las consideraciones ambientales, los modos de operación de los mineros ilegales involucran amenazas, extorsión y violencia contra quienes se les opongan, incluyendo a líderes de comunidades nativas y guardaparques. En Loreto, la presencia de estas organizaciones criminales se ha multiplicado en los últimos años.
¿Qué respuesta ha recibido esta situación de urgencia del Congreso? Una norma que, en vez de aportar soluciones, debilita las acciones de interdicción al evitar que la maquinaria incautada a las organizaciones criminales sea destruida. En vez de ello, la ley propuesta por el congresista Eduardo Salhuana (APP) traspasa los equipos comprometidos al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para que este, a su vez, los asigne a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realice el operativo. Salhuana, como se recuerda, es representante legislativo por Madre de Dios y declara que ha sido asesor legal externo de la Federación de Mineros de Madre de Dios. De hecho, en más de una oportunidad se ha mostrado en contra de las interdicciones.
La autógrafa, aprobada sin mucho revuelo el pasado 25 de mayo con 84 votos a favor en el pleno, ha recibido el rechazo de tres ministerios y diversos especialistas. Entre las principales críticas está la debilidad de los gobiernos subnacionales –muchos de ellos con poca capacidad de gestión y rebalsados por la corrupción– para disponer adecuadamente de maquinaria peligrosa. Así, es muy posible que, de un modo u otro y a pesar del trabajo de la fiscalía, esta termine nuevamente en las manos equivocadas depredando la Amazonía.
Pero la norma aún no es ley. Ha quedado para la promulgación u observación del Ejecutivo. Si se trata de consistencia, este poder del Estado debería objetar la autógrafa en línea con las críticas de sus ministerios del Interior, de Defensa, y de Justicia y Derechos Humanos. La respuesta ante el problema de la minería ilegal en zona de selva no se solucionará únicamente con interdicciones, pero cuesta ver cómo así el facilitar que las organizaciones criminales vuelvan a operar la maquinaria incautada puede parecer un principio sensato.