Las vacunas contra el COVID-19, elaboradas por diversos laboratorios del globo, son la herramienta farmacológica que toda la comunidad internacional había estado esperando desde que comenzó la pandemia. Hoy, con millones de dosis distribuyéndose por el mundo, la demanda por estos productos se enfrenta a una oferta aún limitada y casi todos los estados del mundo están esforzándose por llevarlas a sus países. La razón para el apremio es obvia: si no se consigue inmunizar a un número significativo de ciudadanos, la epidemia continuará devastando vidas y economías.
Por el momento la batuta la vienen llevando los gobiernos, que negocian la adquisición de inyectables directamente con los laboratorios que los proporcionan. En los últimos días, sin embargo, a propósito de una entrevista al presidente Francisco Sagasti en “Cuarto poder”, la discusión sobre la posibilidad de que los privados comercialicen estas sustancias está en boca de muchos. “Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune, es lo que queremos evitar en primer lugar”, fue lo que dijo el mandatario en esa oportunidad.
El jefe del Estado parece caer en la trampa con la que muchos han tropezado (o querido tropezar) en los últimos días: la idea de que si el privado obtiene vacunas lo hace solo en perjuicio de las negociaciones que lleva a cabo el propio Estado o despojando de estas a los más pobres. Por el momento, es evidente que la capacidad que tienen los particulares para hacerse de estos productos es limitada (por no decir casi imposible), pero para suponer que una eventual comercialización significaría un escenario en el que los ricos prevalecerían sobre los pobres, antes hay que dar por derrotadas las capacidades del Estado para cumplir con las obligaciones que ya se ha planteado, y que incluyen alcanzar a todos los peruanos posibles con estos medicamentos. Si el Ejecutivo logra que esto no pase, no hay razón para oponerse a que empresas locales adquieran sus propios ‘stocks’ en el futuro.
En ese sentido, el Estado Peruano cometería un grave error si decide plantear obstáculos para que esto eventualmente se permita y facilite. Si en los próximos meses se abre una ventana para que lícitamente los privados consigan vacunas contra el nuevo coronavirus, esto debería celebrarse. Por un lado, porque aliviaría un poco la carga que el Estado tiene sobre sus hombros y, por otro, porque independientemente de cómo se desarrolle la vacunación, lo importante es que alcance a por lo menos el 70% de la población si se quiere derrotar al COVID-19.
Quizá lo más importante que debe sustraerse de toda esta discusión es que la política no debe entrar a tallar en un proceso de esta naturaleza, sino el hecho de que la solución al problema que nos viene golpeando hace casi un año debe alcanzar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. La discusión no puede reducirse a visiones de izquierda o de derecha, tiene que primar el pragmatismo. Y que eventualmente se den las condiciones para que los privados adquieran, vendan o apliquen a sus trabajadores las inoculaciones no puede ser visto como algo negativo o algo que tenga que evaluarse con recelo ideológico.
Por el momento, como ha señalado la presidenta de la Confiep, María Isabel León, el sector privado no adquirirá vacunas, toda vez que se esperará que se cierren las negociaciones que está llevando a cabo el Ejecutivo. Espera poder hacerlo desde el tercer trimestre del año. Mientras tanto, entonces, el Estado tiene que mostrarse a la altura del gran reto que tiene ante sí. Se debe agilizar el proceso de vacunación a quienes componen la primera línea de atención y las negociaciones por obtener las dosis, además de procurar obtener grandes números de estas, deben apuntar a que lleguen cuanto antes. Cualquier apoyo que pueda venir del sector privado con sus canales de distribución en ese trance debe ser bienvenido.
Relacionadas