La posibilidad de que el presidente Francisco Sagasti haya estado enterado anticipadamente de que la ahora excanciller Elizabeth Astete tenía planes de vacunarse contra el COVID-19 antes de que le correspondiese hacerlo (y en virtud de un privilegio que le franqueaba el cargo que ostentaba) supone un problema político del que el Gobierno no ha terminado de desembarazarse.
Como se sabe, quien sostiene que las cosas se dieron de esa manera es la propia señora Astete y quienes procuran refutarla desde el Ejecutivo son la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y el despacho presidencial. Y decimos ‘procuran’, porque en realidad la refutación hasta ahora no ha sido ni cabal ni terminante.
Desde el Gobierno, en efecto, se ha tratado de limitar la discusión a si el jefe del Estado dio o no su consentimiento para que tal cosa ocurriera, cuando lo cierto es que lo que hace falta precisar, primero, es si simplemente fue notificado del propósito de la entonces titular de Relaciones Exteriores.
Lo que conocemos sin margen de duda es que el 21 de enero hubo una reunión en Palacio en la que, junto al presidente, estuvo la citada ministra y también quien en ese momento estaba a cargo de la cartera de Salud, Pilar Mazzetti. Las discrepancias entre las distintas versiones empiezan cuando se menciona lo que conversaron esas tres personas (y no la primera ministra Bermúdez) al final de esa reunión. Según la señora Astete, fue en esa circunstancia que ella le hizo saber al mandatario de sus intenciones de proceder con la inmunización y en ningún momento vio un gesto de desaprobación, lo que ella interpretó como “anuencia”. Esto último, por supuesto, es debatible y por eso los pronunciamientos de la Presidencia de la República en el sentido de que “es absolutamente falso” que el jefe del Estado “haya autorizado o dado su consentimiento para la irregular vacunación de la exministra” son atendibles… Pero eso no permite descartar que estuviera informado de lo que ella se disponía a hacer. Y no haberlo objetado ya colocaría al presidente en una posición incómoda.
La antigua responsable de la cancillería ha ido más allá y ha aseverado que, entre el 13 y el 14 de febrero, cuando, consciente del “error” que había cometido al vacunarse, le quiso presentar su renuncia al presidente Sagasti, este le dijo que no quería prescindir de su participación en el Gabinete. “Me propuso continuar como ministra”, ha declarado. Y a propósito de la presidenta del Consejo de Ministros, ha sostenido también que el 11 de febrero fue convocada por ella para saber si había informado al mandatario de su vacunación antes o después de los hechos; y que, al conocer su respuesta, le “sugirió no involucrar la presidente en el escándalo por las vacunaciones irregulares”.
La señora Mazzetti, por su lado, ha deslizado que ella no tiene “ningún recuerdo donde el presidente haya asentido o cosa semejante” ante el supuesto anuncio de Astete en la cita del 21 de febrero, lo que no solamente no niega el hecho sino su “recuerdo”, y obvia, asimismo, el detalle de la mera notificación, que, insistimos, está pendiente todavía de aclaración.
Si agregamos a todo lo expuesto el dato de que el mandatario no ha brindado su declaración respecto a toda esta situación a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando esta se la solicitado, el cuadro no luce bien, pues deja la impresión de que el Gobierno tiene entre manos un problema que, absurdamente, pretende solucionar a fuerza de respuestas atravesadas por vacíos y medias verdades.
La verdad, no obstante, es que esa actitud solo consigue agudizar las contradicciones entre las versiones de la señora Astete y las de los representantes del Ejecutivo, con el elevado costo que ello acarrea para la credibilidad del Gobierno. Un desmentido tajante de boca del propio mandatario del solo hecho de haber estado informado de lo que estaba por suceder es lo que el país necesita.
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