Las alarmas se han prendido en el gobierno y la izquierda de Chile luego de que tres encuestas indicaran que la sociedad desaprobaría el proyecto de Constitución. El texto será entregado en julio y el referéndum de salida ocurrirá en setiembre. Nada es definitivo, pero ¿qué ha pasado? En el plebiscito del 2020 que habilitó el proceso, al influjo de las protestas sociales, el Sí venció al No en una proporción de 78 a 22. La misma ola hizo que Gabriel Boric, a la cabeza de Apruebo Dignidad, se convirtiera en presidente de la República en marzo pasado. Los dirigentes de la Convención Constitucional, de 154 miembros activos –uno renunció–, han atribuido el rechazo a un problema de comunicación. La reacción de Boric fue distinta. Desde Argentina, donde realizaba su primera visita de Estado, pidió a los convencionales perseguir mayores acuerdos.
Una invocación parecida hizo la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta socialista Michelle Bachelet. La corriente adversa sorprendió cuando aún predomina la buena disposición hacia el naciente gobierno, cuyos líderes repudian la Constitución redactada en dictadura, que ya tuvo muchas reformas. La nueva propuesta es favorecida por el previsible consenso para que el Estado asuma servicios básicos como la salud y la educación. De lejos es su atractivo mayor. Una lectura de las encuestas sería que los temores provienen del sentido de las normas que se discuten. Podría haber, como veremos, más de una interpretación.
El pleno de la Convención aprobó un Estado plurinacional, donde coexistirán al menos dos sistemas jurídicos, uno para los propiamente chilenos y otro para al menos diez pueblos originarios. Acordó que la naturaleza tiene derechos; que existirán mecanismos incidentes de democracia directa; que habrá entidades territoriales autónomas con un gobernador ejecutivo y una asamblea con capacidad normativa; que las mujeres podrán decidir la interrupción voluntaria de su embarazo; que estará prohibida la concentración de medios de comunicación. Estos acuerdos, si prevalecen, serían nuevos en el ordenamiento. Otros rigen en la Constitución vigente: las libertades de prensa y expresión, sin censura previa; la libertad de personal y de pensamiento, así como la de desarrollar actividades económicas. Habría garantía de propiedad de toda clase de bienes.
Dentro de lo resuelto –con cargo a una armonización– hay grandes temas que continuarán discutiéndose. Desde algo conceptual, como la consideración de que en Chile hay varias naciones, hasta el reto práctico de lograr la convivencia de diferentes sistemas jurídicos. Los pueblos indígenas tendrían autogobierno político, administrativo y financiero, con un régimen judicial distinto y con escaños en todas las instituciones del país. Entonces, indican los críticos, no podría decirse que los ciudadanos tienen igualdad ante la ley, sin privilegio para ningún grupo. Los acuerdos remiten a una futura legislación, con visos de complejidad. El ejercicio del poder dentro y fuera de las regiones autónomas es un papel en blanco. Lo mismo las restricciones a derechos particulares que impondrá la acuciosa protección estatal a la naturaleza.
Está llegando al pleno la última tanda de propuestas derivadas de nueve comisiones, donde los colectivos ciudadanos y la izquierda imponen su mayoría. Allí prevalece la intención de consagrar una presidencia de cuatro años, reelegible por una vez, con una Cámara de Diputados (“…y Diputadas”) concebida como el poder más importante. Habría un Consejo Regional –remedo de una Cámara de Senadores– que carecería de capacidad revisora. La derecha está en contra. Muchos centristas advierten el riesgo de instaurar un asambleísmo grotesco, sin contrapeso suficiente. Luego de interminables disputas en la comisión de sistemas políticos, este defecto ocasiona posiblemente el mayor desgaste a la Convención. En las últimas horas, el expresidente socialista Ricardo Lagos ha realizado llamadas telefónicas en favor de una cámara revisora.
Hasta el 28 de abril el pleno terminará de votar propuestas de las comisiones. Deben lograr dos tercios para sobrevivir. La mayor parte fue rechazada y volvió a su comisión, donde los miembros, en febriles negociaciones, rehacen las normas. Estas idas y vueltas se hallan previstas en el estatuto, pero el empecinamiento, incluso la improvisación de acuerdos, desacredita a los convencionales, otro motivo posible de la desconfianza en el experimento.
Desde comisiones debe despacharse una propuesta sobre el estatus de la minería, a la que inicialmente se la condenó a ser nacionalizada. Falta establecer si el Banco Central de Reserva coordinará sus objetivos con el gobierno –una afectación de su autonomía– como está anunciado. Aún no se votan aspectos sustantivos sobre el modelo económico, los derechos sociales, la propiedad intelectual, la seguridad social y las pensiones. No pasó una propuesta para prohibir al Estado apoderarse de un fondo previsional. El argumento fue que ya se había votado respetar cualquier propiedad.
–¿La Constitución debe decir que el Estado no podrá expropiar tu celular? –razonó el convencional socialista César Valenzuela.
Los dos tercios, pues, detienen ideas desaforadas, la más extremista de las cuales fue de María Rivera, del Movimiento Internacional de Trabajadores, quien planteó disolver los poderes del Estado para reemplazarlos por una asamblea popular. Pero la mayoría de convencionales refleja una votación contra el sistema. Por eso solo 50 de los 155 elegidos militan en partidos. Hay decenas de independientes que participaron en las movilizaciones y pudieron postular porque la legislación fue cambiada para que les fueran suficientes pocos patrocinios. Asociaciones vecinales, colectivos diversos, minúsculas organizaciones de ultraizquierda aparecieron en listas creadas para la ocasión, a fin de representar a los manifestantes contra la desigualdad. Los indígenas resultaron sobrerrepresentados.
En las marchas iba al frente Rodrigo Rojas, el Pelao Vade, caminando cual personaje de “Walking Dead”, con su figura esquelética, rapado, el pecho descubierto con inscripciones indicadoras de que padecía cáncer y necesitaba dinero para la quimio. Otro emblema de una lucha por una salud digna fue Alejandra Pérez, cuyo torso desnudo mostraba una doble mastectomía. Lo fue también Giovanna Grandón, conocida como la Tía Pikachú porque marchaba con un disfraz de este personaje de los Pokémon. Maestra de parvulario, reclamaba educación para todos. Un año antes de las manifestaciones, Jaime Bassa, un académico del derecho, se presentó en mangas de camisa ante la Comisión de Defensa de Diputados, y dos parlamentarios se declararon ofendidos por su informalidad, empleando argumentos decimonónicos. El video se hizo viral, miles se identificaron con el abogado que no usaba corbata. Estos cuatro personajes fueron elegidos convencionales porque simbolizaban algo para la sociedad, no porque tuvieran un pasado político. Bassa, la Tía Pikachú y el Pelao Vade serían vicepresidentes de la asamblea. Vade se reveló como un impostor. No tenía cáncer sino sífilis. Tras haber sido descubierto por el diario “La Tercera”, renunció a su representación.
Pero los convencionales de las protestas, junto con otros contestatarios, no llegan a la mitad de la Convención. Con esfuerzo, ocasionalmente, hacen dos tercios. El Partido Comunista, miembro de la alianza de gobierno, suele votar con ellos. Otros aliados, hasta cierto punto, son los democristianos y socialistas de la antigua Concertación, los socialdemócratas de Independientes No Neutrales y los del Frente Amplio, la coalición de Boric. La derecha y su centro están aislados, en minoría, advirtiendo la consumación de un texto revanchista, que hará coercitiva la hegemonía cultural de los oprimidos. Los izquierdistas republicanos podrían asumir un liderazgo y convertirse en una bisagra. Habría que ver si logran resucitar el Senado. En camino hacia lo desconocido, Chile deshoja margaritas. Si las tendencias persisten, el referéndum de salida dirá No, y todo volverá a fojas cero.
Lima y Santiago de Chile, abril 2022.