La semana que pasó acudí a dos eventos sobre libertad de expresión en el Perú. El primero fue un taller sobre seguridad para periodistas, que organizamos junto con la Unesco y la Embajada del Reino Unido en el Perú, y que contó con la presencia de jueces, fiscales, policías, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros. En el segundo, convocado por el Jurado Nacional de Elecciones, expuse sobre las estrategias y herramientas para afrontar la desinformación en las elecciones regionales y municipales del 2022.
No es gratuito que temas como la prevención y protección de los periodistas y la lucha contra la desinformación hayan encontrado espacio en la agenda nacional. Nos encontramos a pocos meses de un nuevo proceso electoral y eso implica no pocos meses dentro de un ambiente de constante asedio contra la prensa nacional.
Desde el punto de vista mediático, dos signos distintivos de los últimos comicios fueron, precisamente, las afrentas y amenazas contras las mujeres y hombres de prensa, por un lado, y los efluentes de bulos y teorías de conspiración, por el otro.
En más de una ocasión los reporteros de medios escritos, radiales y televisivos fueron amedrentados y hasta golpeados, mientras hacían su labor, cubriendo las actividades del entonces candidato Pedro Castillo. La hostilidad de los simpatizantes de Perú Libre ebullía aún más con las arengas del futuro presidente de la República, quien lanzaba diatribas contra los medios de comunicación colocándolos como “enemigos del pueblo”.
Por cierto, Castillo no fue el único postulante que decidió embestir contra la prensa como estrategia electoral. Antes, Rafael López Aliaga calificaba de “prensa mermelera” a todo periodista que osara investigarlo, y se desgañitaba en alusiones misóginas contra periodistas como Mónica Delta y Juliana Oxenford. López Aliaga replicó el libreto que escribió Keiko Fujimori entre el 2016 y el 2021, cuando atacaba al mensajero que traía novedades del Caso Lava Jato o exponía el papel obstruccionista de la ‘bankada’ fujimorista.
No dar entrevistas, predicar contra los medios, utilizar a la publicidad estatal como castigo y a los medios estatales como propaganda política. Keiko perdió en el 2016 y Castillo ganó en el 2021, pero ambos comparten esa misma vena revanchista contra la prensa.
En la otra acera, los medios informativos tuvieron su porción de responsabilidad en el esparcimiento de falsedades alevosas. Mientras que algunos se convirtieron en incubadores de mentiras como la de un fraude en la segunda vuelta electoral, otros sirvieron como caja de resonancia de un discurso falaz e interesado sin filtrar diligentemente los embustes.
No obstante, fueron también los medios de comunicación los que, poco a poco, empezaron a dar cuenta de la ausencia de fundamentos en las proclamas de fraude electoral. Una vez sentado en el sillón presidencial, fue la prensa la que detectó y alertó de los encuentros clandestinos de Castillo en el pasaje Sarratea en Breña. Fueron periodistas de investigación quienes nos presentaron a Karelim López, y empezaron a destapar las coincidencias entre las reuniones con altos funcionarios públicos como Bruno Pacheco, Hugo Ángel Chávez y el mismo Castillo y la adjudicación de millonarios contratos precedidos de procesos irregulares en los sectores transportes e hidrocarburos. El gobierno de Castillo debe haber nombrado a más de 100 personas cuestionadas, investigadas o convictas en altos puestos estatales, pero seguramente hubieran sido más si, día a día, los periodistas no escudriñaban en aquellos prontuarios.
No se trata de proteger a un periodista o defender a un medio en particular, sino de garantizar la salud de una institución vital para una sociedad democrática: la prensa, a pesar de todo… incluso de ella misma.