En los próximos días debe definirse en el Congreso el destino del pedido de delegación de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo hace algunas semanas. No será una contienda fácil para el despacho de Pedro Francke, quien lidera esta batalla desde el régimen.
No hay un solo economista de cierto peso que respalde el pedido del actual MEF, en parte por el pedido en sí, y en parte por lo mostrado por el Gobierno en sus primeros meses de gestión. De hecho, su compañero de claustro académico en la PUCP y predecesor inmediato, Waldo Mendoza, ha comparado la situación actual con el primer semestre de 1990, “cuando había una inflación que llegada al 50% mensual” por el alto grado de incertidumbre (“Gestión”, 13/12/2021). ¿Hará falta recordar el célebre “y que Dios nos ayude”, de Juan Carlos Hurtado Miller los primeros días de agosto de aquel año?
Otro predecesor de Francke, Alonso Segura, se ha referido directamente el pedido. Su conclusión es una crítica severa ante el pedido del Ejecutivo. “No se le deben dar facultades al MEF porque su propuesta no es clara, su sustento no es público y su récord en materia de institucionalidad fiscal no es bueno”. Para Segura, “las facultades, como la confianza, se ganan con acciones, no se exigen con palabras” (“Gestión”, 15/12/2021).
¿Existen, precisamente, condiciones para generar la confianza? Lo poco que había generado el MEF en las primeras semanas –incluyendo una nominación sensata de directores en el BCR– parece haberse dilapidado en tiempos recientes, tanto por una aparente inacción del despacho del jirón Junín como por un entorno crecientemente adverso a la inversión privada.
Si se creyó que el cambio en PCM de inicios de octubre –que incluía la permanencia de Francke en el MEF– marcaría un giro hacia una creciente generación de confianza, la ilusión parece haberse desvanecido rápidamente. Hay numerosos indicadores de ello. Todos tienen como origen la acción o inacción del Ejecutivo, y no son una creación del neoliberalismo que se resiste a partir.
En primer lugar, la sensación del progreso de la situación económica brinda señales preocupantes. Según una encuesta encargada por El Comercio a Ipsos, el 56% de encuestados considera que el Perú está “retrocediendo”; una cifra solo menor a la correspondiente a junio de 1991, cuando el país no terminaba de salir de la severa crisis económica de la década de 1980.
Por otro lado, la proyección de la inversión privada –el motor de la generación de bienestar– para el 2022 se presenta como negativa, a pesar del optimismo presentado por el MEF (+5%). Un cauteloso BCR, en cambio, proyecta un crecimiento nulo (0%), mientras los observadores privados prevén, en promedio, -12,3%. Los números seguramente se irán ajustando, pero es difícil que el promisorio entorno internacional compense los ruidos generados a nivel interno.
Cuando se pone la decisión en el ciudadano de a pie, el panorama no parece ser distinto. Ipsos, por encargo de Apoyo Consultoría, preguntó el mes pasado, en el hipotético caso de ser empresario, cómo reaccionaría en las actuales condiciones y en respuesta a la convocatoria del presidente Pedro Castillo a “invertir sin temores”. Tres de cada cuatro encuestados (el 76%) indicaron que no invertirían a la espera de que “las condiciones sean más claras”.
Este es el entorno en el que tomará su decisión el Parlamento: una inédita percepción de retroceso, la ralentización de la inversión privada, y la cautela y desconfianza ciudadana. Difícilmente se pueda crear al interior del hemiciclo un microclima político distinto al gris contexto económico. Pero la política, como bien se le define, es el arte de lo posible.