En todos los congresos del mundo hay congresistas que solo han llegado allí para beneficiarse de forma personal, ya sea políticamente (empujando legislación que beneficia a sus seguidores a expensas de todos los demás) o económicamente (cobrando por hacer esos “favores”). Eso no es novedad y el Perú nunca ha sido una excepción.
Lo que sí es una novedad en nuestro país son los extremos de irresponsabilidad a los que están dispuestos a llegar estos congresistas (que cada vez son más) para lograr sus objetivos personales. Estamos viendo que están dispuestos a condenar a miles de compatriotas a vivir su vejez en la pobreza destruyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, el sistema privado de pensiones. Eso no solo afectará a quienes usan hoy lo ahorrado para su vejez, sino también a sus hijos, que tendrán que mantenerlos, y a sus nietos, que vivirán su niñez con un nivel de vida disminuido porque sus padres deben mantener a sus abuelos. ¿Y todo para qué? Para que algunos congresistas sumen algunos votos más.
Hace poco hemos visto cómo un congresista, orgulloso, celebraba que se haya aprobado su proyecto de ley para poner topes a las tasas de interés. Una iniciativa que, él lo sabe muy bien, sacaría del sistema financiero formal a miles de pequeñas empresas y las pondría en manos de prestamistas informales que cobran por sus servicios mucho más que cualquier entidad financiera formal (y que penalizan la morosidad con formas bastante menos amables). También hemos visto a otro congresista, uno que se llama a sí mismo “la voz de los colectiveros informales”, promover leyes que legalizan el taxi colectivo y extienden por 10 años el permiso a todas las combis de Lima y Callao. ¿Quiénes son los únicos que se benefician con estas leyes? Los colectiveros y él mismo, por supuesto. ¿Quiénes se perjudican? Todos los peruanos que merecemos un transporte público eficiente y digno, y no la precariedad, el abuso y los cientos de muertos al año que las combis dejan regados por las calles del país.
También hemos visto cómo hace un par de semanas el Congreso aprobó, de forma exprés, una ley que reincorpora a más de 14 mil docentes interinos cesados por no contar con título y desaprobar su evaluación. No hay que ser genio para darse cuenta de que la única razón detrás de este horror, que atenta contra la mayor esperanza de progreso del país (la educación de nuestros niños), es la búsqueda de votos entre esos 14 mil docentes cesados. ¿Y los niños? ¿Y los años de esfuerzo por reformar el sector que destruye esta ley? A mí qué me importa.
En su desesperada búsqueda de figuración, estos congresistas revelan que no les importa nada, ni la estabilidad jurídica del país (hace unos meses pretendieron modificar contratos de concesión por ley), ni la estabilidad macroeconómica, ni la Constitución (el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero sigue aprobando leyes que incrementan el gasto público). Al final, lo único que están consiguiendo en su irresponsable búsqueda de poder y prebendas es un país menos justo, más peligroso y en el que cada vez es más difícil vivir dignamente. Si eso no es ser un enemigo del progreso, se le parece bastante.