Se escuchan voces en contra. Recientemente, el Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación un texto sustitutorio que propone la creación de una Comisión Especial Multipartidaria encargada de elaborar un nuevo Código Penal.
La medida, que recibió el apoyo de 64 parlamentarios, ya ha sido cuestionada: primero por el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, y ahora por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), que emitió un comunicado sustentando su posición.
En la misiva recalcan que esta tarea “no puede ser encomendada directamente a los congresistas de la República”, ya que se necesita un enfoque “técnico, especializado y libre de intereses políticos coyunturales”.
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En esa línea, explican que el nuevo Código Penal debe ser un “texto coherente, sistemático y unitario” que regule con claridad los delitos, las penas y, además, respete los tratados internacionales de Derechos Humanos, “los cuales el Congreso ha mostrado intención de desvincularse”.
En medio de este panorama, el CAL consideró que la Comisión Especial Multipartidaria debe estar integrada por juristas destacados de diversas instituciones públicas y privadas que tengan un “enfoque alineado con los principios de un estado democrático y social de derecho”.
La entidad recalcó que el proyecto, una vez terminado por el selecto grupo, debe ser revisado por el Congreso en un debate transparente y participativo que “garantice la calidad del texto final”.
Más adelante, cuestionaron diversas acciones que se vienen impulsando desde el Parlamento: “Expresamos nuestra preocupación por las recientes modificaciones al Código Penal realizadas por el Congreso, especialmente en temas relacionados con el crimen organizado, la criminalización de la actuación de jueces y fiscales mediante el delito de prevaricato, así como por las propuestas legislativas para suprimir el control difuso de la actividad judicial y desvincular al Estado peruano de los tratados internacionales (CIDH). Estas modificaciones se están efectuando de manera desordenada y sin una política pública integral, lo que, lejos de fortalecer el sistema de justicia, está debilitando el Estado de derecho y generando desconfianza ciudadana hacia el Congreso de la República”.
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