Se discute mucho sobre las salidas a la crisis política. Estas, sin embargo, tienen límites no solo porque nuestros políticos no están preparados para desarrollar medidas imaginativas y complejas, sino porque tienden a repetir sus errores. Por lo demás, una cosa es el discurso y otra, la decisión. Los principios, los valores y hasta la Constitución pueden ser cambiados si es necesario. El pragmatismo cohabita con la sobrevivencia.
Un escenario es el inmediato, en el que el presidente Pedro Castillo debe nombrar un nuevo Gabinete. Si bien lo ideal sería uno encabezado por un político experimentado, con ministros conocedores del sector y que abrigue un amplio consenso aceptado por el Congreso, es difícil que así sea. No solo por la tendencia del presidente al error y al suicidio político, sino porque cada vez menos personas quieren acompañar a un gobierno encabezado por un Castillo cada vez más empequeñecido y falto absoluto de liderazgo. Uno nuevo, además, no garantiza larga vida, pues las decisiones las tiene aquel gabinete de asesores en el que la medianía, la improvisación y el amiguismo son lo que más resalta.
Un segundo escenario es, efectivamente, el de la vacancia. Una salida que respete escrupulosamente la Constitución debería rechazarla. Para el Congreso, esta se reduce a conseguir los 87 votos. Si los logra, el obstáculo para los opositores sería Dina Boluarte, la primera vicepresidenta. No la pueden vacar inmediatamente. Pero, si no renuncia, estaríamos delante de un gobierno tan precario como el de Martín Vizcarra. Si renuncia, por sucesión, asumiría Maricarmen Alva, presidenta del Congreso, que debería, inmediatamente, convocar a elecciones, confundiéndose estas últimas –con todos los problemas que esto acarrearía– con los procesos electorales regionales y municipales de octubre y noviembre de este año. Cualquier aplazamiento rompería el mandato constitucional de cuatro años de las autoridades subnacionales.
Aquí, a su vez, se abren tres sub-escenarios. Si se convoca solo a elecciones presidenciales, los mandatos dejarían de ser coincidentes, como manda la Constitución desde 1920, de la que está construida nuestro diseño institucional. Si solo sería para concluir el mandato presidencial, esto tampoco está contemplado en la Constitución. Si se convoca a elecciones parlamentarias conjuntamente con las presidenciales, el obstáculo mayor serían los propios congresistas, pues al estar prohibida la reelección perderían todo, algo a lo que no están dispuestos. Adicionalmente, sin reforma política, una elección no tendría por qué producir una representación de mejor calidad.
Un tercer escenario sería el de la renuncia de Pedro Castillo, que podría ocurrir si el nuevo Gabinete se desgasta rápidamente, si se quiere evitar la vacancia –como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski– o si el Congreso no logra sumar los 87 votos, pero la situación se torna insostenible y el rechazo ciudadano, creciente. En cualquier situación, el Congreso se enfrentaría al tema de Dina Boluarte y todo lo que sigue, al igual que en el caso de la vacancia.
Pedro Castillo y los congresistas se acusan mutuamente de ser responsables de la crisis. Pero, si bien el presidente es el mayor responsable, el Congreso es parte del problema y lo ha sido desde hace un lustro. El rechazo ciudadano hacia él es enorme. Las falencias y limitaciones del presidente no son muy distintas a las de los congresistas. De cómo se impongan las salidas y el desempeño del Ejecutivo y el Congreso dependerá que la ciudadanía pase de estar mirando pasivamente a movilizarse activamente. Por lo que solo un amplio acuerdo, eso a lo que no estamos acostumbrados, podría sacarnos de una crisis que parece nunca acabar.