El gobierno del presidente Pedro Castillo tiene que enfrentar un desafío que resultaría atemorizante hasta para el más estable y eficiente de los estados del mundo: la profundización de la crisis alimentaria que empezó a gestarse el año pasado y cuyo final no se ve aún en el horizonte genera el riesgo de que millones de peruanos pasen hambre.
Este no es un escenario sorpresivo. Los alimentos, los combustibles y los fertilizantes empezaron a encarecerse desde el año pasado. Aunque la invasión de Rusia a Ucrania agravó la situación, era evidente que la insuficiente recuperación de los empleos y los ingresos en el Perú, aunados a un incremento de precios, podría afectar a los más pobres.
¿Qué se ve actualmente en el horizonte? Riesgos muy pronunciados que, al parecer, aún no disparan las alertas en el Gobierno. El Perú no puede acceder a sus principales fuentes de fertilizantes nitrogenados y, si no llegan suficientes antes del inicio de la campaña agrícola en agosto, caerá la producción de alimentos. En esta situación, los pobres urbanos no tendrán suficiente dinero para comprar comida más cara y los pobres rurales no podrán producir lo suficiente para su consumo.
¿Qué se ha hecho hasta el momento? Muy poco. El Ministerio de Desarrollo Agrario ha anunciado que cuentan con un presupuesto de S/348 millones para adquirir fertilizantes, pero aún no anuncia a quién se los van a comprar o, más bien, quién se los va a vender en un contexto en el que los países están priorizando su abastecimiento.
La cifra también es insuficiente y mucho menor a los S/900 millones anunciados inicialmente. “No hay plata”, fue la breve explicación que dio el ahora exministro Óscar Zea cuando se le preguntó por lo magro del presupuesto.
Además, la inexperiencia del nuevo titular del sector, Javier Arce, agrava los fundados temores de que esta iniciativa no logrará concretarse de manera adecuada, porque la compra será una operación compleja y delicada y la repartición lo será aun más.
Arce ha anunciado una comisión de alto nivel para la adquisición en la que, paradójicamente, no está presente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por su parte, el primer ministro Aníbal Torres ha asegurado que “no nos va a faltar qué comer”, como si las palabras fueran suficientes.
En realidad, lo que se necesita es que todo el aparato público empiece a trabajar de manera conjunta para afrontar esta emergencia y que el MEF se sume o hasta lidere el esfuerzo. Que el “no hay plata” se transforme en un “tenemos que gastar de manera responsable” y todas las acciones estén focalizadas en los más necesitados. Que el Ejecutivo y el Congreso no vuelvan a cometer errores como el de las exoneraciones tributarias para bajar precios, que desperdician recursos y no son efectivas. Que se convoque al sector privado y que las soluciones se planteen aprovechando las fortalezas de todos.
Sería terrible que el Gobierno que llegó al poder con el apoyo de los más vulnerables los deje morir de hambre. Sería paradójico también que el Gobierno que llegó al poder prometiendo una segunda reforma agraria pueda golpear duramente a los agricultores por su pasividad e incapacidad.