Lo que podemos propiamente llamar un sobrecosto laboral es cualquier costo que la ley ordena asumir al empleador en nombre del trabajador, pero que no tiene para este último un valor equivalente. Según este criterio –el único que tiene asidero en la teoría económica–, no todos los “beneficios laborales” imponen sobrecostos. Tiene que haber una discrepancia entre lo que le cuestan al empleador y los beneficios que le otorgan al trabajador, tal como él los percibe.
Las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, por ejemplo, no son sobrecostos porque cada sol que sale de la empresa es un sol que entra al bolsillo del empleado. Los sueldos que se pagan en el mercado se ajustan, tarde o temprano, para adaptarse a lo que no es sino una forma distinta de pago. Da lo mismo pagar 12 sueldos de 1.400 soles cada uno que 14 de 1.200. Para el trabajador también da lo mismo: de una manera u otra, le terminan pagando 16.800 soles al año.
No es igual en el caso de los beneficios no pecuniarios, como el seguro de salud. Lo que la empresa está obligada a aportar a EsSalud es más de lo que la mayoría de trabajadores pagaría voluntariamente por tener un seguro. ¿Cómo sabemos que es más? Porque un profesional independiente que conocemos, con un nivel de ingresos seguramente mayor que el promedio, puede comprar un seguro privado por menos del 5% de los suyos. Como el seguro de salud es lo que los economistas llaman un bien superior, cuanto más gana la gente, más está dispuesta a pagar por uno, proporcionalmente hablando. La gente de menores recursos no solamente está dispuesta a pagar menos, sino inclusive a prescindir de un seguro. Por eso inferimos que para casi la generalidad de trabajadores dependientes, un seguro de salud que cuesta el 9% de sus ingresos sencillamente es muy caro.
Lamentablemente el mercado laboral no se puede adaptar fácilmente a esta obligación. Si el trabajador gana 1.400 soles al mes, como en nuestro ejemplo anterior, la empresa tendrá que aportar 126 a EsSalud. Recibirá 1.274 en efectivo más su carné del seguro. Pero si pudiera decidir libremente, no gastaría 126 soles mensuales en un seguro de salud. Sus prioridades son otras. El sueldo que antes le parecía aceptable ya no lo es, porque el seguro que se ve obligado a tomar no compensa, para él, la plata que le descuentan.
Podría pedirle a su empleador que le aumente el sueldo para recuperar una parte, al menos, del ingreso líquido que ha perdido. Pero el empleador podría negarse porque le terminaría costando más de lo que produce. La consecuencia es que muchos trabajadores resultan siendo inempleables en el mercado formal porque no producen lo suficiente como para cubrir sus expectativas de ingresos más el costo de un seguro que no desean, pero que la ley los obliga a tomar. El aporte al seguro de salud es, en efecto, un sobrecosto. Genera desempleo y genera informalidad.
Hay, por lo demás, algo absurdo en un sistema cuyo ideal es la protección universal de la salud, pero que en la práctica solamente alcanza –y esto, con enormes limitaciones– a quienes tienen trabajo. Si de verdad queremos garantizar el cuidado de la salud de toda la población, el seguro social debería integrarse a un sistema más amplio, financiado con fondos de la tributación general, que atienda por igual a los empleados y a los desempleados.