Entre los escenarios menos cruentos para el 2022, está el de un Pedro Castillo moderado que concerte con el Congreso y sea acompañado por buena parte de la bancada de Perú Libre. Después de tanta confrontación paralizante, tendría un rebote de gobernabilidad y el piloto tecnocrático automático daría lo mejor de sí.
Un Castillo que termine su ronda con partidos y gremios, que ejecute algunas de las sugerencias de los extremos, que les dé protecciones legales y ayudas reactivadoras a los más devastados por la crisis pandémica, que les dé garantías de estabilidad a los inversionistas; y así nos vamos sin tanto tumbo hasta el 2026.
No se la creen, ¿no? Ya se acostumbraron a ser decepcionados. Yo también. El escenario de nuevos episodios de confrontación que escalen hasta la vacancia y que la mayoría de la población esté de acuerdo con ella si se confirman evidencias de corrupción mantiene una alta probabilidad. Escenario terrible, por cierto, pues es un despelote seguro y una solución incierta. Ni el más entusiasta vacador tiene claro qué puede pasar.
Sin embargo, hay un escenario estable, pero peor que el caos vacador. ¿Cuál es? Un pacto infame entre el Gobierno y la mayoría congresal, en base a una agenda contrarreformista que atienda el statu quo de la informalidad. Por lo pronto, ya hemos visto a un Minedu hacerse de la vista gorda ante las leyes que amenazan a la Sunedu dando oportunidades a universidades no licenciadas; tema que sí fue motivo de confrontación en gobiernos anteriores.
También hemos visto una comunión de indulgencias ante los colectivos. El ministro Juan Silva, del MTC, fue diligente al activar el registro de colectiveros, tal y como lo facultaba una norma expedida por el Congreso. Otro Gobierno se hubiera resistido.
Como estos, hay varios casos ya consumados o en proceso. Por ejemplo, se prorrogó el plazo de formalización minera hasta el 2024. He aquí una nueva comunión de indulgencias entre el Congreso y el Gobierno, esta vez no solo ante la informalidad, sino ante la ilegalidad.
Por supuesto, hay razones de flexibilidad ante la crisis que pueden justificar muchas medidas, pero la coincidencia de legisladores de centro, derecha e izquierda en algunos de los dictámenes muestra una coalición más grande que la vacadora, de fuerte raigambre regional, que querrá mantenerse en sus curules hasta el 2026 sin activar el botón rojo. ¿Qué nos ofrece este pacto informal? Estabilidad a cambio de contrarreformas y ataques a las instituciones, además del riesgo de que se relaje la lucha contra la pandemia. Para pensarlo.