La gran desaprobación del Gobierno, atizada por esta suerte de simbiosis con la enorme impopularidad del Congreso, la entiendo como el resultado agregado de varios años de vertiginoso descrédito de la política como factor de solución a varios problemas cruciales para la población.
Como reiteradamente se ha referido, el período que va del 2016 en adelante (Vizcarra, pandemia y Castillo incluidos) ha puesto casi en cero la esperanza de la mayoría de los peruanos en que el sistema en general, y la democracia en particular, sean vehículos eficaces para afrontar la inseguridad, la crisis sistémica de servicios públicos básicos, la corrupción extendida, la economía paralizada y el empleo detenido.
Mi hipótesis es que el 12% (+/-) de aprobación del Gobierno y el 6% (+/-) del Congreso, más que consecuencia por la forma en que la implosionó el castillismo, es una sumatoria del hartazgo por lo visto y vivido en dicho lapso.
Por eso es que el discurso fundacional de la señora Boluarte, posicionarse como una suerte de antítesis de lo inmediatamente anterior (corrupción, antigolpe, prodemocracia) para legitimarse políticamente, está agotado.
Julio, mes habitual para hacer cambios de mayor alcance en el Ejecutivo, es una segunda oportunidad para la presidenta de dar un salto cualitativo. Eso supone dejar de lado los mensajes que, directa o indirectamente, refieren al carácter transicional del régimen y al interinato no deseado pero obtenido por la fuerza de los hechos, hacia aquellos que lo muestren haciéndose cargo de los principales retos ante la población.
Que de la especulación sobre un eventual “adelanto electoral” se encarguen algunos congresistas o activistas, determinados medios y opinólogos. Esa frase debería ser expulsada del lenguaje gubernamental para dar paso a otro tipo de comunicación centrada en la gestión y en políticas públicas.
Pero, ojo, no basta solo con lo que se dice. El Gobierno debería hacer un esfuerzo denodado por reforzar aún más su equipo ministerial. La gravedad de temas como el fenómeno de El Niño, la retracción de la inversión privada, el crecimiento exponencial de la inseguridad y los focos de corrupción que se están develando en la actual administración, deberían ser razón suficiente como para que Alberto Otárola logre la participación de cuadros del mejor nivel posible –y a la vez se deshaga de los más cuestionados–, a base de objetivos país.
Nunca olvidemos que las crisis son también oportunidades.