Sería un grave error que la presidencia de Dina Boluarte sea un borrón y cuenta nueva de lo que todos los peruanos vimos en estos últimos y vergonzosos 16 meses de administración de Pedro Castillo. Más allá de la necesaria reflexión de cómo y por qué acabó el anterior gobierno, sería lamentable para el país que esta gestión de transición signifique un pasar la página, un piloto automático, y olvidarnos de que aún hay muchas preguntas sin responder y, sobre todo, gente involucrada que debe de rendir cuentas con la justicia. Merecemos conocer la verdad.
Si bien esta tarea le compete a nuestra justicia ordinaria (así como las investigaciones por las muertes en las protestas de los últimos días y no al fuero militar, como equivocadamente anunció la presidenta el domingo), el gobierno de Dina Boluarte puede dar señales de que no apostará por el camino de la impunidad. Un punto de partida puede ser el de separar de sus cargos a los oficiales de la Policía Nacional del Perú que, sea por un soborno o no, fueron serviles a los intereses particulares de Pedro Castillo y sus cómplices. De la misma forma, cesar a los embajadores políticos que se colocaron (como la embajadora en Noruega, Isabel Soria) y hoy siguen muy orondos en sus misiones. De igual modo, debe haber una investigación seria sobre cómo se mal utilizaron los fondos especiales del sistema de inteligencia y conocer cómo se fugaron Juan Silva, Fray Vásquez y Alejandro Sánchez.
Y así se podría armar una larga lista sobre los sectores que se deben intervenir. Sin embargo, no hay que olvidar que Dina Boluarte, que ya ha hecho algunos cambios (en las jefaturas de la DINI y la Digimin, por ejemplo), por cerca de un año y medio se mantuvo como ministra de Pedro Castillo y no se le escuchó reclamo alguno cuando ya eran abundantes las denuncias de corrupción del pasado gobierno. De manera que podría resultar ingenuo creer que ella terminará promoviendo y dotando de los recursos necesarios para facilitar las investigaciones del Ministerio Público y del equipo especial de la Policía Nacional del Perú.
¿Por qué lo tendría que hacer? Porque el país merece conocer la verdad y, de esa manera, intentar que lo ocurrido no se repita. Más allá de unas nuevas elecciones y de las reformas electorales necesarias, si Dina Boluarte desea pasar a la historia como la primera estadista que encabezó una transición democrática, no debe apostar por el borrón y cuenta nueva. Léase impunidad. Y, si no está a la altura, que sea otro u otra la que se encargue.