El alcalde del distrito de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández Bazán, investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, se allanó a la solicitud de impedimento de salida del país que solicitó la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash.
En una audiencia pública realizada esta mañana en el Sexto Juzgado Anticorrupción de la Corte de Justicia del Santa, el fiscal anticorrupción Felipe Elías pidió que la medida fuera concedida por un plazo de 18 meses contra Valentín Fernández, sus padres Valentín Salomón Fernández y Nury Bazán, sus hermanas Luz Marina y Elizabeth Fernández Bazán, y los empresarios Frank Taylor Jiménez Esquivel y Luis Vásquez Wong. Todos ellos investigados en este caso.
Según el magistrado, con este requerimiento la fiscalía busca asegurar que los procesados no abandonen el país y estén presentes durante la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el burgomaestre y los coprocesados actuaron de manera concertada para obtener de manera ilícita recursos del Estado. Además, la adquisición de los inmuebles no estaría justificada, habiendo un desbalance patrimonial en los investigados.
Por su parte, los abogados del alcalde y su familia, así como del empresario Luis Vásquez, se allanaron al requerimiento y entregaron en calidad de custodia sus pasaportes. En tanto, Frank Jiménez impugnó la solicitud, pero se comprometió a enviar el mismo documento al juzgado.
El juez Jorge Chávez Tamariz manifestó que resolverá el pedido del Ministerio Público por despacho a la brevedad posible. Asimismo, la defensa de Valentín Fernández, Takeshi Vásquez, negó las acusaciones contra su patrocinado. Dijo que no tiene desbalance patrimonial y que la fiscalía no ha señalado nuevos elementos de convicción para solicitar el impedimento de salida del país.
“No existe un medio idóneo para que la fiscalía solicite el pedido de impedimento de salida, estos hechos no han variado, siguen siendo los mismos. Es más, los procesados siguen en el Perú. El alcalde Valentín Fernández pone en custodia su pasaporte como muestra de que no existe obstaculización en su conducta y no tiene la intención de afectar el proceso de investigación. Por lo demás, que este despacho resuelva conforme a ley”, sostuvo el abogado.
Vale precisar que la investigación preparatoria concluye en octubre de este año. La fiscalía está a la espera del informe de la pericia contable financiera de los ingresos de los imputados, del reporte de la pericia de ingeniería civil de los inmuebles, así como de más información de los países donde habrían realizado algunos negocios y de una empresa off short que fue creada en Panamá.
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