La procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato embargó bienes del ex gobernador regional de Piura Reynaldo Hilbck Guzman y de otros 16 ex funcionarios investigados, por el valor de S/13’022.586 por el presunto delito de colusión y negociación incompatible en el caso de ampliaciones de plazo a favor de la contratista brasileña Camargo Correa, que ejecutó el primer componente del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (Peihap).
El caso está en la carpeta fiscal 202-2017, que se encuentra en investigación preparatoria, referida a ampliaciones de plazo y laudos arbitrales. Están incluidos como investigados los ex gobernadores Javier Atkins Lerggios (2011-2014), Reynaldo Hilbck Guzmán (2015-2018). Además, otros 20 ex funcionarios, entre quienes destacan el ex gerente general del Peihap Pedro Mendoza Guerrero, la ex procuradora regional Rosa Chinchay Labrín y el ex gerente de Asesoría Jurídica Jorge Luis Soyer López.
De acuerdo con el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez Ramírez, y la procuradora adjunta ad hoc, Silvana Carrión Ordinola, quienes hoy estuvieron en Piura cumpliendo una diligencia en la fiscalía, la etapa de investigación preparatoria de este caso culminará el 9 de diciembre de este año, y “existen suficientes elementos probatorios para que la fiscal acuse y el caso pase a la siguiente etapa, intermedia”, dijo Ramírez.
-Bienes embargados-
Los bienes embargados e inhibidos, es decir, que no podrán ser transferidos, del ex gobernador Hilbck son predios rurales, departamentos, estacionamientos, terrenos y vehículos. A Soyer López también se le embargó nueve bienes inmuebles; mientras que a Mendoza, tres bienes inmuebles y un bien mueble. Asimismo, a Chinchay Labrín se le embargó seis bienes inmuebles y dos bienes muebles.
Aunque también está investigado por este caso, el ex gobernador regional Javier Atkins —candidato al Congreso por Perú Patria Segura— no figura en la lista de personas con embargo de bienes. No obstante, los procuradores ad hoc del caso Lava Jato no descartaron que más adelante se le ejecute esta medida, que busca asegurar una posible y futura reparación civil a favor del Estado.
Hilbck es investigado por este caso en su calidad de ex presidente del Consejo Directivo del Peihap. En este caso —detallaron los procuradores— solo la matriz brasileña Camargo Correa ha sido considerada como tercera civil responsable, pero la fiscalía ha apelado para que también sea incluida su sucursal en el Perú.
-Otras tres investigaciones-
Pero esa no es la única investigación del caso Lava Jato en Piura. Existen otras tres investigaciones donde están incluidos los tres ex gobernadores de esta región: Hilbck, Atkins y César Trelles Lara (2007-2010), actual presidente del Partido Aprista Peruano. La carpeta fiscal 76-2018, que está en investigación preliminar y evalúa en Lima, es por el otorgamiento de la buena pro del Peihap a la empresa Camargo Correa, en el 2010.
Esta investigación incluye a Trelles Lara, Humberto Correa Cánova, Carlos Cullas Sotomayor, Fernando Cotrim Barbieri y José Pereyra Neto. Las otras investigaciones se realizan en Piura. Una de ellas es la carpeta fiscal 132-2019, también en investigación preliminar, y a cargo de la fiscal Doliveth Infante, de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. Este caso se refiere a irregularidades durante la ejecución de la obra del primer componente del Alto Piura, a cargo de Camargo Correa.
Los involucrados en esta carpeta son Hilbck, 19 ex funcionarios del Gobierno Regional de Piura y la constructora Camargo Correa-sucursal Perú. El delito del que se les acusa es colusión agravada. Una última investigación está recogida en la carpeta fiscal 102-2018, que incluye a Trelles Lara y otros 10 ex funcionarios regionales, y está referida a la aprobación de adicionales de obra.
Las cuatro investigaciones de Lava Jato en Piura recogen información de la Comisión Lava Jato del ex congresista Juan Pari y Rosa Bartra. Asimismo, se sustenta en un informe de Contraloría, del 2018, que señala que debido a que se autorizaron trabajos sin que se haya concluido el expediente técnico, se originó un perjuicio económico al Estado de S/75 millones, que fue el arbitraje que ganó el año pasado Camargo Correa por gastos generales, posesión de maquinaria, entre otros.
Actualmente, el proyecto Alto Piura está paralizado, luego de que la segunda contratista (Obrainsa Astaldi) resolviera el contrato con el Gobierno Regional de Piura. Este consorcio ha entablado 13 arbitrajes, por más de S/28 millones por ampliaciones de plazo y paralizaciones de obra.
El Gobierno ha invertido S/413’726.096,31 en este importante proyecto de irrigación. Le pagó más de S/259 millones a Camargo Correa, que fue la compañía brasileña envuelta en Lava Jato que ganó la primera licitación, y que estuvo a cargo del Peihap desde el 2010 al 2013. Sin embargo, el Gobierno Regional de Piura resolvió el contrato con esta compañía por varios desacuerdos, y volvió a licitar el saldo de obra del primer componente.
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