Son más de 25 días en que la población de Valle de Tambo acata un paro en rechazo a la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern Copper Perú para el proyecto Tía María, en la provincia de Islay (Arequipa). Asimismo, desde el lunes, sindicatos que integran la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), así como como organizaciones sociales de toda la región, se han sumado a esta medida.
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Esta situación ha generado que en los últimos días se registren enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía Nacional. Son ocho los detenidos puestos a disposición del Ministerio Público, debido a actos vandálicos cometidos durante las protestas.
Consultados por El Comercio, el analista político Arturo Maldonado; el director del Grupo Fides Perú (GFP) Jeffrey Radzinsky; el investigador brasileño Sebastião Mendonça Ferreira, consultor internacional y especialista en conflictos sociales; así como la docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú Giselle Huamaní, especialista en análisis y resolución de conflictos, respondieron algunas interrogantes respecto al accionar por parte del Gobierno central frente a este conflicto.
-¿Qué opinión le merece el manejo que ha tenido hasta el momento el Ejecutivo respecto al conflicto social de Tía María?
Maldonado señaló que el accionar del Gobierno no ha sido el idóneo. Al parecer, dijo, el Ejecutivo no va a ceder en la pretensión de retirar la licencia que le otorgó a Southern producto de la conflictividad que se está viviendo en Arequipa.
“Creo que la actuación del presidente Vizcarra no ha sido del todo correcta. Él apostó tener al gobernador Cáceres Llica de su lado cuando se reunió con él en Arequipa. Sin embargo, una vez que se terminó la cita, el gobernador ha continuado con su estrategia de movilizar a la población a la calle, y mantiene una posición bastante firme, lo que ha descolocado al Gobierno. Eso es un mal indicador, pues demuestra indecisión y fragilidad”, explicó.
En tanto, Radzinsky afirmó que el conflicto de Tía María no puede aislarse del debate público. Refirió que los principales errores del Gobierno frente a este tema han sido no hacer política, no manejar una agenda clara y no empoderar a sus voceros.
“El diálogo tiene que estar acompañado de una agenda concreta, a fin de dialogar sobre una serie de puntos alineados hacia objetivos. Esto no se ha dado. Otros problemas han sido la falta de voceros empoderados para el diálogo y no confrontar políticamente al gobernador de Arequipa”, señaló.
Agregó que las protestas representan un derecho fundamental de los ciudadanos en democracia, pero que esto no significa que puedan realizarse actos vandálicos, como los ocurridos en los últimos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
“Estoy a favor de las protestas, estas deben permitirse, pero también opino que es impune las manifestaciones violentas que se han registrado en Arequipa. Creo que hay que preservar el estado de derecho y efectuar sanciones”, comentó Radzinsky.
Por su parte, Mendonça Ferreira opina que el manejo que ha tenido hasta el momento el Ejecutivo respecto al conflicto social de Tía María “no ha sido muy acertado”. Por ejemplo, puntualizó, aún no ha emitido algún mensaje a la población en el que explique los pormenores del proyecto.
“El Gobierno ha dado el mensaje de que la aprobación de la licencia es solo una medida administrativa y que la aprobación de fondo es la licencia social. Esto da a entender que si los manifestantes detienen el conflicto, el Gobierno va a retroceder. No ha dado ningún mensaje de aclaración a la población, por ejemplo, sobre si se va o no a contaminar el valle”, explicó.
Para Giselle Huamaní, el conflicto de Tía María es uno de esos varios casos emblemáticos de conflictividad social en el país que ha estado durante mucho tiempo sin ser gestionado adecuadamente. ¿Hemos aprendido algo? ¿Qué tan seriamente se ha tomado las observaciones y la preocupación de la sociedad civil? Siguen sin resolverse las dudas y los temores frente a un proyecto minero que amenaza con afectar la riqueza que representa el Valle de Tambo para la agricultura“, indicó.
Explicó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) cumplió el rol de la segunda opinión técnica que logró identificar las debilidades y riesgos que presentaba el proyecto con el primer estudio de impacto ambinental. “¿Qué ha hecho el Gobierno para asegurarse que haya una opinión técnica objetiva y de calidad que de confianza?”, sostuvo.
La especialista señaló que a diferencia de la gestión del conflicto de anteriores gobiernos, el actual “está siendo más cauteloso en no exacerbar la confrontación y ha hecho algunos esfuerzos por mostrar disposición al diálogo en estas circunstancias de crisis”. Sin embargo, agregó que a pesar de que este conflicto se encontraba latente desde hace varios años, no se tomaron medidas, así como cuidados de atención y de prevención.
-¿Qué pasos debe seguir el presidente Martín Vizcarra en los próximos días para solucionar el conflicto social de Tía María y lograr que se levante el paro?
Arturo Maldonado precisa que el presidente Vizcarra va a estar muy reacio a ordenar el uso de la fuerza para frenar el paro en contra del proyecto Tía María debido a que esto sería contraproducente en el objetivo de subir en las encuestas. Asimismo, mencionó que cualquier paso en falso podría afectar la propuesta de elecciones anticipadas presentada al Congreso.
El analista agregó que tras los últimos enfrentamientos en la Ciudad Blanca el Gobierno ha intentado una respuesta mandando al Ejército en compañía de la Policía Nacional, pero que esto no significa atacar el problema de fondo. “Sus acciones no logran ser creíbles”, detalló.
“Creo que por el seguimiento de las encuestas va a estar muy reacio al uso de la fuerza, esta situación resulta muy complicada para un Gobierno que está muy atento al humor popular. Incluso, sus acciones pueden afectar el proyecto de elecciones anticipadas”, dijo.
En tanto, Radzinsky sostuvo que uno de los primeros pasos por parte del Ejecutivo para solucionar el conflicto de Tía María es “acompañar la propuesta de diálogo con una agenda concreta, tener cronogramas puntuales, dilucidar las dudas que tenga la población y reconocer si el Estado ha caído en incumplimientos”.
Subrayó que es importante también explicarle a la población las ventajas y desventajas del proyecto, así como la fecha y lugar en que se van a realizar las obras. “Hay un asunto de desconfianza muy profunda”, dijo.
Otro punto que debe evaluar el presidente, destacó, tiene que ver con una coordinación mucho más estrecha entre oficinas y funcionarios sectoriales.
Por su parte, Mendonça Ferreira manifestó que el Estado tiene que garantizar que va a desempeñar un papel riguroso en cuanto a la fiscalización y supervisión del proyecto. “Hay un ambiente de incertidumbre en la población, si esto no se resuelve, el conflicto tampoco lo hará. La población no confía en la empresa”, dijo.
Por parte del Estado, sostuvo que el principal vocero para dialogar con los dirigentes debería ser el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, debido a que representa la voluntad del presidente.
Para Huamaní, no existen las condiciones necesarias para que el proyecto Tía María avance a pesar de que se ha tratado de buscar una salida legal para aprobar el EIA y una salida negociada con la empresa Southern de no iniciar los trabajos hasta conseguir la licencia social.
“Esto podía generar confianza con el Gobierno y facilitar su posición, pero ha provocado todo lo contrario con la población que tiene una fuerte desconfianza hacia la empresa”, explicó.
Añadió que un proyecto que avance a partir de la presencia militar y policial es inviable en el corto, mediano y largo plazo, además, precisó que los costos y riesgos de polarización del conflicto son muy altos en la dimensión humana, económica y hasta política.
“En este momento de entrampamiento, se necesita empezar a dialogar sin condiciones, sin paros, sin violencia, pero también sin proyecto. Sobre todo, se requiere tomar las preocupaciones de la población seriamente, involucrar a terceros, técnicos externos creíbles y confiables, llevar la discusión de lo político, a lo técnico y sobre temas claves en los que todos los actores estén de acuerdo”, expresó.
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