Parlamentarios de distintas bancadas se pronunciaron en contra del proyecto de ley presentado por la congresista de Fuerza Popular (FP) Alejandra Aramayo –y suscrito por otros siete legisladores de su partido– que plantea excluir el delito de minería ilegal y sus modalidades de la Ley contra el Crimen Organizado.
La iniciativa admitida el 28 de marzo en la Comisión de Justicia propone modificaciones a la Ley contra el Crimen Organizado y en el Código Penal, de modo que quienes realicen minería ilegal (aquellos que trabajan en zonas prohibidas por el Estado y no pueden acogerse al proceso de formalización minera) no puedan ser investigados ni sancionados como miembros de organizaciones criminales.
El proyecto plantea lo anterior bajo el argumento de que procesar a mineros ilegales como cabecillas o dirigentes de bandas delictivas no solucionaría el problema del proceso de formalización minera.
–Posiciones en contra–El legislador y vocero titular de la bancada Peruanos por el Kambio (PPK), Carlos Bruce, criticó que desde el Congreso se presente una iniciativa que proteja el delito de minería ilegal que, dijo, no solo provoca impactos ambientales sino que alienta otras actividades ilícitas.
“Es un proyecto totalmente inconveniente porque la minería ilegal degrada la calidad de vida y genera delincuencia y auspicia ilícitos como la trata de personas”, declaró el legislador.
Yonhy Lescano, vocero de Acción Popular (AP), sostuvo que sus colegas de bancada coinciden en que los delitos de minería ilegal deben continuar regulados por la Ley contra el Crimen Organizado, debido a que es la mejor herramienta para enfrentar un problema tan complejo. “Parece más una iniciativa para obtener réditos políticos”, declaró Lescano.
“La minería ilegal no está tan solo en La Pampa [Madre de Dios] o en La Rinconada [Puno], hay zonas donde actúan los mineros ilegales en todo el país. Confío en que FP hará una evaluación seria de este proyecto y sea retirado”, dijo la congresista Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso (APP).
El legislador del Frente Amplio (FA), Alberto Quintanilla, consideró que el proyecto debería ser archivado, pues la ley dispone sanciones a los ilegales que se alían con el crimen organizado. Sin embargo, resaltó que el Gobierno debe mejorar el proceso de formalización para miles de mineros informales.
Consultado al respecto, el fujimorista Héctor Becerril dijo que el proyecto no fue visto por la bancada y señaló que la responsabilidad es de quien lo presenta y no de quienes lo suscriben, pues ellos solo cumplen con una formalidad. Vale precisar que Becerril no firmó el proyecto (sí lo hizo el vocero de la bancada, Luis Galarreta).
“Yo he firmado algunos proyectos con los que no estoy de acuerdo. Cuando hay un proyecto que genera críticas, ahí recién decidimos que se nos explique el tema”, indicó.
–¿Cuándo existe delito de crimen organizado?–
El delito de minería ilegal fue incorporado a la Ley contra el Crimen Organizado en octubre del 2016, con el Decreto Legislativo 1244 promulgado por este gobierno.Según el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, esto significó un paso importante debido a que con esta ley se dispone de herramientas especiales para investigar y procesar a personas por el delito de minería ilegal, el cual cumple las características del crimen organizado pues involucra a financistas, compra y venta de insumos, corrupción de funcionarios, trata de personas, sicariato, entre otros.
Según la Ley 30077 o Ley contra el Crimen Organizado, para aplicar este enfoque los casos deben cumplir ciertas características. Entre ellas están la permanencia operativa, que el delito dependa de una estructura organizacional (de 3 o más personas), distribución de áreas, empleo de la violencia, intento de adquirir influencias sobre el Estado y la economía, que tenga un fin lucrativo, etc.
El ex viceministro del Ministerio del Ambiente, Gabriel Quijandría, explicó que la ley busca sancionar a quienes costean a gran escala este ilícito y no son visibles, como son los financistas.
Uno de los casos más sonados de procesados por minería ilegal y narcotráfico es el de Pedro Pérez Miranda, apodado ‘Peter Ferrari’, acusado de encabezar una organización criminal dedicada a la exportación de oro. 
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