Restablecer el orden y hacer cumplir la ley. Ese es el principal pedido que hizo llegar la mañana de ayer el Sindicato Único de Trabajadores de Las Bambas (Sutemlb) al primer ministro Aníbal Torres, a través de una carta, a fin de resolver el conflicto social que mantiene paralizadas las operaciones de la minera de cobre, desde hace 50 días, en Apurímac.
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La entrega de este documento se produjo en paralelo a una marcha por las calles del Centro de Lima en la que participaron trabajadores de Las Bambas y que se repitió en Cusco y Arequipa. La misiva señala que cerca de tres mil trabajadores ya han sido desvinculados y 300 se encuentran en proceso de suspensión perfecta de labores.
Fuentes de la compañía indicaron que estos puestos de trabajo perdidos corresponderían a empleados de empresas contratistas.
“En la carta expresamos nuestra preocupación por la intransigencia de los comuneros en el proceso de diálogo. Creemos que ya es momento de que el Gobierno restablezca el orden e imponga la ley”, indicó a El Comercio el secretario general del sindicato, Erick Ramos.
En la reunión que sostuvo con el sindicato en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Torres dijo que el gobierno sigue trabajando para encontrar una solución rápida al conflicto mediante el diálogo.
“Comprendemos perfectamente el problema, consideramos que esta situación no se puede extender más. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para que los comuneros levanten las medidas de fuerza, pero no quieren”, manifestó el jefe del Gabinete.
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En ese sentido, pidió a los trabajadores su colaboración para llegar a un acuerdo de manera pacífica. “Tenemos que recuperar el Estado de derecho”, dijo.
Afectaciones
Claudio Cáceres, gerente de Asuntos Legales de Las Bambas, dijo a este Diario que nueve mil trabajadores son afectados por la paralización de operaciones en la mina. Agregó que el Perú ha dejado de recibir S/260 millones.
“Las Bambas representa el 1% del PBI del Perú y el 72% de Apurímac. Son 1.400 pequeños y medianos empresarios que se ven perjudicados”, detalló.
Cáceres lamentó que las últimas mesas de trabajo entre el gobierno, las comunidades y la empresa no hayan llegado a acuerdos.
“Nuestro llamado es a las comunidades campesinas para que depongan las acciones violentas, reanudar un diálogo pacífico y llegar a puntos de entendimiento”, indicó.
Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, calificó de muy preocupante lo que ocurre en Apurímac, pues ya son cuatro los campamentos mineros que han sido incendiados desde que se instaló el actual gobierno.
“Este tiene que intervenir de acuerdo a las herramientas que le otorga el Estado de derecho, sobre todo cuando no se llega a una solución debido a la intransigencia de un sector de las comunidades”, señaló.
Intervención
El analista político Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, dijo que a lo largo del tiempo ha habido una suma de reuniones y acuerdos que resultaron paliativos temporales y no soluciones estructurales.
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“Hay una necesidad urgente de retomar las actividades de explotación minera. Se debe coordinar con el Ministerio del Interior a fin de hacer prevalecer el Estado de derecho”, manifestó.
Agregó que en paralelo debe haber una solución más estructural, así como una negociación política que devuelva la confianza entre los actores. “Si no se aborda en paralelo va a ser muy infructuoso”, sostuvo.
Pronunciamiento
Dirigentes de seis comunidades del área de influencia de Las Bambas realizaron una conferencia y expusieron sus reclamos. Exigieron que se cumpla cada uno de los ejes de desarrollo que se han planteado en la mesa de diálogo con el gobierno y la minera. Agregaron que están abiertos al diálogo.
Por otro lado, criticaron al congresista Héctor Valer por pedir “mano dura” para resolver el conflicto minero en Las Bambas.
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