En reciente supervisión al Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf) de Tumbes, la Defensoría del Pueblo constató la presencia de más de 100 niños, niñas y adolescentes, cuatro mujeres embarazadas, una persona con discapacidad y una persona con VIH, todos de nacionalidad venezolana, quienes permanecían varios días en el lugar porque no se les permite ingresar el país. De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Migraciones debe admitir el ingreso al Perú de personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según lo comprobado por la Defensoría, esta posibilidad ha sido limitada por criterios interpretativos que no se condicen con lo previsto en nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.
“En la supervisión realizada advertimos casos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban acompañados de sus progenitores o de algún familiar directo, contaban con cédula de identidad, partida de nacimiento y/o pasaporte, e incluso algunos indicaban tener un familiar en el interior del país”, precisó la institución.
Asimismo, se advirtió la presencia de mujeres embarazadas, en algunos casos con riesgos en la gestación, que permanecen en el Cebaf debido a que no se admite el ingreso al país de sus acompañantes (conviviente y suegra). Similar hecho afecta a las personas con discapacidad, debido a que se niega el ingreso a quienes las apoyan. En uno de los casos, se trataba de un niño.
La Defensoría del Pueblo señaló que las decisiones adoptadas por la autoridad migratoria en frontera vienen generando un impacto directo en la dignidad e integridad personal de grupos que requieren especial protección. “No permitirles el ingreso al territorio nacional podría agravar su situación de riesgo”, precisó.
“Desde la Defensoría del Pueblo hemos solicitado a la Superintendencia de Migraciones dictar las disposiciones necesarias que corrijan, de forma urgente, estos problemas, priorizando la adopción de medidas idóneas para garantizar la aplicación de procedimientos claros y accesibles para el control migratorio de las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes”, advirtió.
Asimismo, recordó que las interpretaciones de las normas deben orientarse en el sentido más favorable al destinatario de la protección internacional. Además, debe considerarse la aplicación del principio de unidad familiar y del interés superior del niño.
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