En unos días la Defensoría del Pueblo presentará una versión más actualizada del Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (SIMCO), como una herramienta para optimizar la información en el país en torno a la conflictividad social. En su último reporte de julio esta institución registró 177 conflictos entre activos y latentes.
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De acuerdo a la Defensoría, la nueva versión (trabajada durante el último año) contará con una plataforma para que los ciudadanos accedan en tiempo real al detalle de los casos en conflicto, los actores involucrados, actas, acuerdos y compromisos asumidos por el gobierno.
“El sistema nos permitirá un trabajo integral, no solo podremos identificar los casos sino hacer seguimiento de lo que pasa en el país y medir la temperatura de los casos en crisis”, explicó a El Comercio Porfirio Barrenechea, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.
Actualmente la Defensoría del Pueblo es la institución que reporta el mayor registro y el mayor detalle de conflictos sociales en el Perú aunque la rectoría de la conflictividad social está a cargo del Viceministerio de Gobernanza Territorial desde febrero.
Debido a la diferencia en la metodología de ambas instituciones, estas difieren sobre el número de conflictos sociales. Mientras el viceministerio trabaja con una lista de cinco conflictos (consideran como tales aquellos en etapa de crisis), la Defensoría extiende esta clasificación a casos que no necesariamente han escalado en violencia y están en una etapa previa.
“Siempre hemos planteado una metodología que busca acercarse al trabajo de la PCM pero no necesariamente debemos coincidir. Más allá de las palabras, en los hechos siempre hay un representante ambos sectores durante los conflictos”, añadió Barrenechea.
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