El ministro de Justicia, Salvador Heresi, indicó que la aplicación de la castración química a los violadores de menores de edad implica un costo que el Gobierno tendría que cuantificar. Además, informó que dentro del Congreso habrían parlamentarios que reconsiderarían su voto durante la segunda votación para aprobar esta norma.
“La castración química tiene un costo que tendría que cuantificarse, sin embargo el Gobierno aún no ha tomado una posición concreta respecto a esto porque todavía el Congreso no ha aprobado esta norma en segunda votación”, sostuvo Heresi.
Asimismo, el titular de Justicia recordó que el sector, durante la gestión de Marisol Pérez Tello, realizó un informe que arrojó una opinión desfavorable sobre la propuesta de castración química debido a que el Perú está suscrito en determinados parámetros jurídicos internacionales.
Por otro lado, sobre la poca cobertura que alcanzaría la implementación de grilletes electrónicos a algunos internos de los centros penitenciarios del país (200 este año), el ministro de Justicia indicó que existe un problema de sobreregulación al nivel legal que impediría que se amplié esta cobertura.
“Estamos planteando algunas modificatorias legales para construir una base de aproximadamente 17 mil internos, que no tengan condenas mayores de 8 años, a los que se les puede aplicar el sistema de grilletes electrónicos”, dijo Heresi.
Por último, el ministro de Justicia informó que han sido trasladados 1.200 internos de alta peligrosidad, dedicados a cometer delitos de extorsión desde los penales a través de llamadas telefónicas, hacia distintos centros penitenciarios del país.
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