Castración química para violadores de menores: todo sobre el proyecto impulsado por el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobó el último miércoles, 20 de abril, el proyecto de ley que plantea la castración química para violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. La iniciativa será enviada al Congreso de la República para su debate y eventual aprobación.

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, detalló los casos en los que se aplicará la castración química. A continuación los delitos del Código Penal que enumeró:

• N° 170: Delito de la violación sexual base.
• N° 171: Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir.
• N° 172: Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento.
• N° 174: Violación de persona bajo autoridad o vigilancia.

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Félix Chero remarcó que la medida no alcanza a las personas sentenciadas por los artículos N° 173 (Violación sexual de menor de edad) y N° 173-A debido a que ya contemplan la cadena perpetua.

“Esto (de la castración química) es para aquellos delitos con pena determinada porque implica que en un determinado tiempo el condenado egresará del penal y, al hacerlo, la pena accesoria es, justamente, la propuesta del tratamiento médico especializado planteado (castración química)”, precisó el integrante del gabinete.

Presupuesto para la castración química

El ministro de Justicia y Derechos Humanos detalló que el monto destinado para la aplicación de la castración química será calculado de acuerdo con el número de condenas por violaciones de la libertad sexual.

“Estimamos en promedio, según las dosis que recomienda el Minsa, que es de más de 2 millones de soles, porque las dosis son cada seis meses”, expresó.

En entrevista con radio Exitosa, el funcionario indicó que la medida ha funcionado en Argentina y Colombia.

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Posiciones en contra de la castración química

La Defensoría del Pueblo rechazó la propuesta del Gobierno de implementar la castración química a los violadores sexuales de niños, adolescentes y mujeres, tras el reciente caso de la niña de tres 3 años que fue secuestrada y ultrajada por un sujeto en Chiclayo.

A través de un comunicado, la entidad indicó que la castración química “no es una medida eficiente”, ya que, según dijo, “no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales”.

“Como sanción, (la castración química) ha sido considerada por diversos organismos internacionales como trato o pena cruel, violatoria de la dignidad humana, lo que nos llevaría a incumplir diversas obligaciones asumidas en los tratados de derechos humanos, generando responsabilidad internacional para el Estado peruano e incrementaría el gasto público”, agregó.

El Colegio Químico Farmacéutico del Perú advirtió que la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres le costaría miles de dólares al Estado, sería solo temporal y no soluciona el problema de fondo.

“La castración química es un término relativo, porque es un proceso que mediante un tratamiento con fármacos se inhibe la hormona de la testosterona, que tiene relación con la libido y solo es de manera temporal. El tratamiento tiene un costo promedio de 50 dólares y este tiene una duración solo de hasta tres meses. Además, existe contraindicaciones que señalan que los productos no pueden ser aplicados por un periodo mayor a dos años”, señaló el decano nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Arnaldo Tipiani Muñoz.

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Los casos

• En Chiclayo

Una niña de 3 años fue secuestrada por Juan Antonio Enríquez García (48), el pasado 12 de abril, en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo (Lambayeque). El secuestro de la menor ocurrió cuando ella se encontraba en el cruce de las calles La Despensa y Goicochea, tal como quedó registrado por una cámara de videovigilancia.

La niña fue ubicada por la Policía en una casa de la urbanización Santuario, ubicada en el Cercado de la ciudad norteña. El sujeto ya la había violado. Enríquez García cumplirá nueve meses de prisión preventiva en el penal de Challapalca, en Tacna.

• En San Juan de Lurigancho

Un sujeto identificado como David Emanuel Cabellos Bustamante (33 años) fue detenido tras ser acusado de ultrajar a una niña de seis años en una casa ubicada en la asociación Las Casuarinas, en la zona de Canto Grande (San Juan de Lurigancho).

De acuerdo con la versión de la madre de la menor, el sujeto, quien alquilaba una habitación al costado de donde residía la menor y sus padres, ingresó al lugar y ultrajó a la niña en el momento que la mujer lavaba ropa. Al día siguiente, la víctima reveló a su progenitora lo que le ocurrió. El Poder Judicial le dictó 9 meses de prisión preventiva.

• Otro caso en San Juan de Lurigancho

Una madre de familia denunció que su hija fue violada por su propio tío, un policía en actividad que labora en el Callao. Según la progenitora, la agresión sexual ocurrió el pasado 17 de abril durante una reunión familiar en una vivienda de San Juan de Lurigancho.

El agente PNP acusado fue identificado como Willy Giovanni Coaquira y trabaja en la Unidad de Seguridad del Estado en el Callao. La mañana de este martes, 17 de abril, decenas de personas hicieron una protesta en la Depincri de San Juan de Lurigancho para exigir justicia.

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Sentencias por violación sexual

El pasado 18 de abril, el Poder Judicial indicó que los órganos jurisdiccionales de diez cortes superiores de justicia impusieron 21 condenas de cadena perpetua por delitos de violación sexual en agravio de menores de edad solo entre el mes de marzo y lo que va de abril, de acuerdo con un reporte preliminar.

Las sentencias fueron impuestas en las jurisdicciones de Lima Norte, Huánuco, Arequipa, Sullana, Huaura, Huancavelica, Callao, Ayacucho, Moquegua y Santa.

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Pena de muerte

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se mostró a favor de debatir la posibilidad de que el Perú renuncie al pacto de San José de Costa Rica para posteriormente aplicar la pena de muerte a los violadores de menores de edad, pero pidió a los impulsores de la medida asumir las consecuencias de adoptar tal decisión.

“La pregunta es esta: ¿quieren que discutamos esto? Sentémonos a discutir esto, los académicos, políticos, doctrinarios, pero en una postura franca y sincera, sin protagonismos, apasionamientos ni populismos. Y si consideramos que por la salud del país y de nuestros niños es necesario renunciar al pacto de San José, digámoslo sin caretas y con sinceridad, y no solo por tener una cámara o una pantalla y hacer ese tipo de anuncios sin asumir la responsabilidad política y legal frente a ello”, declaró a radio Exitosa.

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se mostró en contra de una posible salida del pacto de San José. “Recuerden que nosotros somos dignatarios precisamente de la Convención y tenemos que cumplir la Convención. En todo caso, es una decisión que hay que meditar y mesurar, pero yo no estoy de acuerdo con ello”, agregó.