Perú es uno de los 5 países de Latinoamérica sin registro público de agresores sexuales | INFORME

Luego del dramático caso del secuestro y violación de una menor de tres años en Chiclayo, el gobierno de Pedro Castillo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que propone implementar la castración química a violadores de menores. La medida, que solo se aplica en doce países en el mundo -entre ellos Indonesia, Polonia, Rusia, Corea del Sur, Reino Unido y España- no ha mostrado ser efectiva para prevenir delitos contra la libertad sexual.

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A pesar de ello, existen otras propuestas que buscan combatir las agresiones sexuales a menores, pero que aún no han tenido éxito. Es el caso de los registros de abusadores sexuales. Desde el 2016, se han presentado tres proyectos de ley que buscaban implementar los registros públicos de agresores. El último, fue presentado a fines de marzo por la congresista y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.

La iniciativa plantea que el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) y el Registro Nacional de Condenas se incorporen en la página web del Poder Judicial y, que el acceso a la información no tenga limitación alguna.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio encontró que, en los últimos cinco años, todos los países de la región, con excepción de Bolivia, han implementado un registro de abusadores sexuales. En seis de ellos, los registros son públicos; en otros cinco, incluido Perú, son privados. En el caso de Argentina, el registro solo es público en algunos estados. Si bien, la mayoría estipula en sus reglamentos la protección de los datos de las víctimas, Perú es el único país cuyo registro incluye una recopilación de información de estas.

Por otro lado, fuera de la región, otros países también han implementado registros públicos de agresores. Es el caso de España, Estados Unidos, Australia y Francia, donde debido a un mal manejo de los datos se tuvieron que colocar algunas restricciones. Algo similar sucedió en Gran Bretaña. Ambos países ahora tienen sus registros privados.

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“Hay que tener cuidado en cómo se plantea la creación de un registro público, ya que puede vulnerar los datos de las víctimas. Estos deben ser confidenciales”, explica José Villalobos, investigador del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).

En el 2018, cuando se propuso, por segunda vez, la creación de un registro público de agresores sexuales, el entonces presidente Martín Vizcarra hizo esta observación con la finalidad de evitar la revictimización de los agraviados.

Villalobos menciona que se debe evaluar de qué manera aportaría un registro público y cuál sería su finalidad. Además, se debe considerar qué efectos tendría en términos cuantitativos. Según explica, se calcula que solo entre el 5% y el 10% de víctimas de violencia sexual son las que llegan a denunciar.

“En un registro deben estar incluidas personas que han cumplido sentencia o están cumpliendo sentencias firmes en torno a delitos sexuales, pero más del 80% de agresores no son denunciados y siguen su vida con normalidad. En ese sentido, tendríamos que ver si este registro ataca realmente el problema”, enfatiza.

Enfoque equivocado

Según Villalobos, la castración química no resuelve la problemática de las agresiones sexuales pues, contrariamente a lo que se cree, la mayoría de abusadores de menores no padece una enfermedad que implique la imposibilidad de contener los impulsos sexuales. “Es un problema de conductas antisociales, o patrones de conducta producto de una educación autoritaria, basada en la violencia, y que muestra un componente de género muy fuerte, en donde se piensa a la mujer y a las diversidades como inferiores al hombre”, explica.

El especialista considera que medidas como esta se encuentran centradas en el agresor y no se ven iniciativas orientadas a las víctimas o a la prevención de la violencia sexual.

Medidas efectivas

“Uno de los puntos fundamentales es que se cumpla con los mecanismos legales que ya existen, que se cumplan las penas con las que ya contamos, como la cadena perpetua”, señala Villalobos. Esta es una tarea que implica al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a todas las instituciones dedicadas a combatir este delito. También, es necesario que se fortalezca el acompañamiento a las sobrevivientes y que el Estado les garantice justicia, educación y salud.

Otra medida a tener en cuenta es la educación con enfoque de género. En el 2018 el Observatorio de la Policía Criminal del Ministerio de Justicia (Indaga) realizó un estudio que tomó el caso de agresores sexuales, mayores de 65 años, con condena, recluidos en el penal de Lurigancho. Se hicieron historias de vida y trayectorias de vida. “Se halló que la mayoría tenía una imagen problemática de la mujer”, dice Villalobos.

Según el experto, se encontraron patrones de conducta y en sus ideas respecto al género. “Una educación con enfoque promueve que hombres y mujeres son iguales y tienen el mismo derecho a decidir, y que nadie tiene el derecho a imponer su voluntad sobre otros”, recalca.

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