Luego de 14 meses de gestión, César Fourment, responsable político de coordinar las acciones del Estado contra las mafias de tala ilegal, comenta haber aprendido dos importantes lecciones. La primera: ninguna medida de control será duradera si las autoridades locales no se compran el pleito. La segunda: las leyes contra la depredación de los bosques deben contar con defensores más allá de los gobiernos de turno, si no se quiere correr el riesgo de que sean ignoradas y todo el sistema de fiscalización revierta a cero.
“En enero de este año, cuando se instaló la comisión multisectorial permanente contra la tala ilegal, que agrupa a 12 instituciones, se dejó en claro que si queremos vencer a la mafia de la tala, todos tenemos un rol que desempeñar. Sin coordinación no lograremos nada”, precisa.
— Cuando inició su gestión, informó a El Comercio que la corrupción, así como la falta de datos certeros sobre cuántas hectáreas de bosque son vulnerables a la tala, eran los principales problemas que afrontaría.
Así es. La tala, como se ha entendido hasta hoy, es un negocio en el que las mafias corrompen para mantener altos rendimientos. La corrupción está presente en todos los niveles. Pero por eso dictamos leyes. Ahora hay más conciencia sobre qué está prohibido y qué sanciones corresponden.
—¿Y la medición de hectáreas?
En ese aspecto mantenemos dificultades. Se sabe, por información de ordenamiento territorial, que se deforestan entre 113 mil y 140 mil hectáreas en el país, pero identificar cuáles son las otras que están en situación vulnerable a la tala aún nos es muy difícil.
—¿Esa tarea es difícil porque les falta tecnología, personal o presupuesto?
Es un problema de herramientas. Levantar esa información, pese al uso de la tecnología, es complicado. Sobre el personal, tenemos el necesario para nuestra labor.
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