La razón por la que Vladimir Cerrón, fundador, representante legal y líder de Perú Libre fue condenado en agosto del 2019 por el delito de negociación incompatible (sentencia que dos meses después fue confirmada en segunda instancia) se debe a que, a criterio de los jueces, el exgobernador regional de Junín favoreció, en diciembre del 2011, de manera directa e indebida, al Consorcio Altiplano con el pago de S/850 mil por gastos generales en la ejecución de la obra (hasta ahora inconclusa) del sistema de alcantarillado y agua potable en la ciudad de La Oroya.
Debido a ello, Cerrón tiene, en la actualidad, una sentencia de cuatro años de pena privativa de la libertad de carácter suspendida, una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de un año y la imposición de una reparación civil de S/850 mil. Para los magistrados, no cabe duda de que el líder de Perú Libre insistió, más allá de sus atribuciones, para que el Consorcio Altiplano recibiera ese dinero, a pesar de que no había culminado la obra en el plazo contractual previsto y que existían convenios que impedían que se realice el desembolso.
Pese a este antecedente, la gestión de Cerrón siguió contratando a una de las empresas que resultó beneficiada con aquel pago, tanto en su primera administración (2011-2014) como en la segunda, que se inició en el 2019, según los contratos que revisó El Comercio.
El 30 y 31 de diciembre del 2014, en los últimos dos días del primer mandato de Cerrón (y tres años después del polémico pago), el Gobierno Regional de Junín entregó la licitación de dos obras públicas a la empresa constructora Avanzada, Tecnología y Servicios S.A.C., una de las tres integrantes del Consorcio Altiplano (las otras dos son BM3 Obras y Servicios, y Vías y Construcciones Perú S.A.C.).
El primer contrato se hizo a través del consorcio Santa Isabel II y fue para la construcción de un centro educativo en Huancayo por un valor superior a los S/76 millones. El segundo, esta vez por intermedio del consorcio Infraestructura Junín, fue para la instalación de un centro de salud en Santa Rosa de Sacco (La Oroya), por un monto contractual superior al S/1′800.000.
De vuelta en el poder, la gestión regional de Perú Libre mantuvo los lazos con esa misma empresa, constituida en setiembre de 1995 por Ana María Galarza Suárez (apoderada del Consorcio Altiplano), Edgar Huaranga Amaro y Jennifer Mendoza Alcántara. El contrato más reciente que ganaron fue el 31 de diciembre del año pasado, por más de S/30 millones, para construir otro centro de salud en La Oroya.
Dos meses antes, esta misma empresa obtuvo la buena pro, por intermedio del Consorcio Ingeniería y Construcción (integrado junto a China Camc Engineering Co), para que implemente el nuevo hospital de la ciudad de Chupaca por un monto mayor a S/135 millones.
Como informó El Comercio el domingo pasado, este último proceso quedó anulado por orden del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), al considerar que el contratista no cumplió con lo establecido en las bases. Por ello tuvieron que
BM3 Obras y Servicios es otro de los integrantes del Consorcio Altiplano. Si bien esta empresa no ganó más contratos con el Gobierno Regional de Junín, sí obtuvo contratos en otras localidades. La particularidad es que su apoderado ha sido condenado por corrupción. Se trata del ciudadano español Javier Pérez Claramunt, quien, en el 2010, era el representante legal del Consorcio Altiplano y, por ello, firmó el contrato para realizar la obra de agua potable y alcantarillado en La Oroya.
Pérez es, desde marzo del 2008, apoderado legal de la constructora con sede en Valencia (España) BM3 Obras y Servicios. Esta empresa ganó diferentes licitaciones en la construcción de hospitales durante el último gobierno aprista. En noviembre del 2019, una sala en Huaura confirmó su sentencia por seis años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada por un caso de corrupción en la Municipalidad de Supe. Pero no es el único proceso que enfrenta.
En octubre del 2020, un juzgado en el Santa (Áncash) lo declaró reo contumaz en un caso de corrupción en el proceso de licitación del coliseo cerrado Gran Chavín de Chimbote, durante la gestión de César Álvarez. Lo último que se sabe de este ciudadano español es que, desde setiembre del año pasado, está no habido.
Respecto a Vías y Construcciones Perú S.A.C. (tercer miembro del Consorcio Altiplano), es una empresa constituida en setiembre del 2009 por Silvia y Edmundo Jiménez Mori con un capital social de S/2′700.000. Hoy, la gerenta general de esta constructora es Silvia Jiménez. El único contrato adicional que registran con el Estado es uno con el Gobierno Regional de Lima por S/2′944,356.49 de hace diez años, de acuerdo con el portal de proveedores del Estado.
Hasta el cierre de esta nota, este Diario intentó comunicarse con Fernando Orihuela, gobernador regional de Junín (en reemplazo de Cerrón), pero no contestó nuestras llamadas ni mensajes de texto. De igual forma, nos intentamos comunicar con Ana María Galarza, gerenta general de Avanzada Tecnología y Servicios, pero no contestó su teléfono fijo.
Avanzada, Tecnología y Servicios S.A.C. también ganó cinco obras en la gestión de Vladimiro Huaroc (incluida la de La Oroya).
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