En agosto del 2016, a pocos días de asumir el cargo, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró que el mayor reto del Perú era evitar los conflictos sociales alrededor de los grandes proyectos mineros. Más de tres años después, con Martín Vizcarra al mando, el país ha mantenido la tendencia: la mayoría de sus conflictos son socioambientales y surgen en torno a estos proyectos.
La convulsión social generada durante el 2019 [ y heredada de años anteriores] contra proyectos mineros como Tía María (Arequipa), Las Bambas (Apurímac) y Quellaveco (Moquegua) son parte de la agenda pendiente del 2020.
Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, explicó que los conflictos sociales alrededor de los proyectos mineros son los más complejos. Esto, debido a que en ellos confluyen los intereses de empresas trasnacionales y la desconfianza de la población sobre las decisiones y esfuerzos del Gobierno para mediar en la controversia.
Sobre Tía María, Luque dijo que el conflicto aún no se define por la vía legal. El funcionario señaló que hace unos días el Gobierno Regional de Arequipa presentó ante el Poder Judicial un proceso contencioso-administrativo contra el fallo del Consejo Nacional de Minería que le dio luz verde a la construcción del proyecto.
“El otro aspecto del conflicto corresponde al Gobierno, y es que de una vez debe construirse la represa [de Paltiture] que garantice el acceso al agua para el riego en el Valle de Tambo. Este es un ofrecimiento antiguo que, de cumplirse, crearía condiciones adecuadas para el diálogo”, opinó Luque.
El funcionario considera que antes de convocar a un diálogo, el Gobierno debe construir una voluntad para ese diálogo a través de una presencia permanente de sus especialistas, quienes discutan los alcances y beneficios del proyecto.
Sebastiao Mendonça Ferreira, presidente del Centro Wiñaq y especialista en conflictos sociales, coincidió en que el tema de fondo en Tía María es la falta de credibilidad. Según su evaluación, ni la población ni las autoridades locales confían en las garantías que les ofrecen el Gobierno y la empresa.
“Mientras no se resuelvan los temas más urgentes de la población del Valle de Tambo, difícilmente el proyecto será viable. La responsabilidad principal es del Estado porque los esfuerzos que haga la empresa no serán suficiente para viabilizar el proyecto”, indicó Mendonça.
—Resolver pendientes—
En referencia al conflicto en el corredor minero (corredor vial sur), en la vía de acceso a la mina Las Bambas, Mendonça estimó que la negociación entre el Gobierno y las comunidades para el pago por sus tierras [tras el decreto de urgencia que habilita su adquisición] puede generar una cadena de conflictos por las altas expectativas de renta que tiene la población.
"Todos querrán que el Estado sea tan generoso como la empresa y esas expectativas podrían mezclarse con un discurso de tipo ideológico”, refirió Mendonça. Por su parte, Luque resaltó que en el caso de Las Bambas, el Gobierno realiza un gran esfuerzo en el diálogo y, en esa línea, resaltó la designación de la exministra Paola Bustamante como alta comisionada para la zona. Luque opinó que esta decisión ha dado una señal que existe un interés especial para desarrollar mejores relaciones.
Sin embargo, el funcionario mencionó que aún están pendientes algunos compromisos, como la contaminación por polvo que sufren las comunidades que viven a lo largo de la carretera. Tanto Luque como Mendonça coincidieron en que Quellaveco hay mejores condiciones para resolver la controversia. Esto, porque a diferencia de los otros casos, se mantuvo el espacio de diálogo entre la población, el Gobierno y la empresa.
Luque dice que en Quellaveco se ha generado una institucionalidad a favor del diálogo que viabilizará las observaciones de la población sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el suministro de agua. Mendonça añade que el paso principal será legitimar el mecanismo de verificación de la calidad del agua, sobre todo en zonas agrícolas como Tumilaca.
—Balance de la PCM—
El viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina, concluyó que el principal desafío en materia de conflictos sociales en el Perú es la construcción de confianza.
“El balance del año es positivo. Hemos sido capaces de procesar los conflictos en canales democráticos y por eso nuestra apuesta por el diálogo”, declaró Molina a El Comercio.
Respecto a Tía María, dijo que el Gobierno mantiene la disposición del diálogo para absolver dudas. Molina, reiteró que el proyecto seguirá adelante solo cuando logre la aceptación social.
En referencia al corredor vial sur (a Las Bambas), detalló que hay vigentes cuatro procesos de diálogo: uno, en la provincia de Cotabambas (Apurímac) y tres en las provincias cusqueñas de Chumbivilcas, Espinar y Paruro. Molina opinó que ha sido un acierto nombrar a la exministra Paola Bustamante como alta comisionada porque así aumentaron la capacidad de coordinación en la zona.
“El desafío principal en Las Bambas es el que ha planteado el Gobierno: asfaltar de manera rápida el corredor vial antes de junio de 2021, porque eso reducirá notablemente las afectaciones que hoy tiene esa vía sobre la población”, dijo Molina.
Sobre Quellaveco, Molina declaró que el proyecto está avanzando a la par que el diálogo. Este espacio, dice, se ha mantenido vigente en el comité de seguimiento de los acuerdos del año 2016. Finalmente, el viceministro dijo que la reducción de la cifra de fallecidos en conflictos durante el 2019 es reflejo de la apuesta del Gobierno por el diálogo.
—La cifra más baja de muertos—
En el 2019 se redujo de 230 a 220 conflictos sociales, una reducción del 4% respecto al 2018 según la Defensoría del Pueblo. La institución informó además, que durante este año hubo dos muertos en conflictos, la cifra más baja desde que se tiene registro en el Perú.
“Si bien deberíamos terminar el año con cero muertes, la reducción es considerable si tomamos en cuenta que hemos tenido años muy críticos”, manifestó Rolando Luque.
La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que en el 2019 intervino en 112 procesos de diálogo. A través de un comunicado, resaltaron que uno de los principales resultados del proceso de diálogo en la Amazonía, ha sido la implementación del plan de cierre de brechas para cinco provincias y 25 distritos del ámbito petrolero de la región Loreto. Esto fue una decisión tomada por el Ejecutivo, tras los constantes conflictos en la Amazonía ocasionados por los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano.
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