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Los representantes de las comunidades nativas maijuna y kichwa, asentadas en la cuenca del río Napo (Loreto), interpondrán una demanda de amparo ante el Poder Judicial, en caso el Gobierno Central continúe postergando la oficialización del Área de Conservación Regional (ACR) acordada desde el 2013.
Romero Ríos Ushiñahua, presidente de la Federación de Comunidades Nativas Maijuna (Feconamai), explicó a El Comercio que, con asistencia de la Defensoría del Pueblo, apelarán al artículo 15 de la ley de consulta previa (2011), que les permite recurrir al Poder Judicial para que el Ejecutivo promulgue el decreto pertinente.
“Fuimos de las primeras comunidades que se sometieron a la consulta previa. Esperamos por casi dos años y hasta ahora nadie nos dice por qué no se promulga o cuándo se hará”, dijo Ríos.
Según el dirigente, una delegación de la comunidad conversó en febrero pasado con Julio Rojas, entonces jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, la reunión no terminó con algún cronograma para la aprobación del proyecto.
Por ello, Iván Lanegra, adjunto para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, informó que aguardarán hasta la sesión del Consejo de Ministros de mañana para iniciar acciones legales.
“Que una autoridad requiera que el Poder Judicial le diga lo que debe hacer es negativo. Esperamos no llegar a eso. El anuncio formal de ponerle al menos un plazo claro a la ACR resolvería el tema, pero persiste la incertidumbre”, dijo el funcionario.
Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad, lamentó la larga espera del pueblo maijuna-kichwa. “Su reclamo es válido. [Nosotros] hemos cumplido con entregar un acta de acuerdos, sin ningún conflicto, y hemos acompañado cada etapa. Lamentamos que todavía no se promulgue el decreto supremo que cierre el proceso”, observó.
Hasta ayer, ningún representante de la PCM había respondido a nuestras dudas por este caso.
Muy vulnerablesEl ACR que reclaman los nativos comprende un área de 391.039,82 hectáreas, donde viven 22 comunidades de ambas etnias. El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno Regional de Loreto, que apoyará las acciones legales anunciadas.
De acuerdo con la ONG Naturaleza y Cultura Internacional, que opera en ocho regiones y ayuda a proteger la biodiversidad, en dicha área “abundan especies maderables valiosas como la caoba, el cedro y la lupuna”. Ello la expone a la tala ilegal, por lo que los habitantes precisan de herramientas legales para la protección de su territorio.
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